En el Magdalena, 8.624 víctimas del conflicto han recibido indemnización

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El Estado colombiano tiene reconocidas un total 7.392.679 de víctimas del conflicto armado a nivel nacional y de ellas 438.978 personas se encuentran focalizadas en el departamento del Magdalena, de acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas.

Por vía administrativa, la Nación le ha girado a esas 438 mil víctimas algo más de 50 mil millones de pesos. Santa Marta, concentra más del 51 de esa población.

La tragedia de la violencia en el departamento del Magdalena se le señala a los grupos paramilitares, la guerrilla y organizaciones criminales al margen de la ley.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para poder rehabilitar a esta población, son muchas las familias que aún viven tras el miedo y la miseria por los actos violentos a los cuales fueron sometidos.

SANTA MARTA, EL FOCO
DEL CONFLICTO ARMADO

Santa Marta como destino turístico e histórico ante el país, se podría pensar que no estaría en los altos índices de víctimas, pero muy a pesar de que el turismo y las bellas playas representan paz para algunos turistas que nos visitan; el Distrito es donde a nivel del Magdalena hay un mayor número de víctimas del conflicto armado.

En ese sentido estamos hablando de unas 225.508 víctimas de acuerdo a las informaciones suministradas por la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas.

En estos momentos la ciudad ha venido desarrollando su proceso de reconstrucción y reparación para esta comunidad, y que hasta el día de hoy, todavía continúa en la caracterización de algunas personas de este grupo que por diferentes motivos no han podido entrar a declarar sobre cuáles son los hechos victimizantes a los que fueron sometidos.

Desde este punto vista, estamos hablando de que Santa Marta fue un botín de los grupos al margen de la ley, y en estos momentos se ha convertido en la red de apoyo de todas las víctimas que van tras una respuesta a la problemática.

Dentro de la caracterización de ese grupo de individuos, se establecen en gran porcentaje la población indígena y de afrocolombianidad. Así mismo la comunidad LGTB, adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres.

INDEMNIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

La Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas a nivel nacional, creó grupos de apoyo con el claro objetivo de que todas las personas logren acceder a ese proceso.

Es así como desde el departamento del Magdalena, en estos momentos han indemnizado 8.624 personas de esta población, según el reporte de Unidad para las Víctimas.

Según Sheila Sanín directora de la entidad, el proceso al cual se ven sometidas las personas va dirigido desde todos los ámbitos sicosociales, toda vez que ellos buscan garantizar una total integración a la sociedad.

“La cifra de víctimas indemnizadas ha sido bastante alta y seguimos en ese proceso, el cual busca contrarrestar desde todos los sectores la problemática”, dijo.

Recordemos que el pasado 26 de mayo se realizó un nuevo proceso, en el cual fueron indemnizadas 317 víctimas del conflicto en el departamento.

PROGRAMAS PARA LAS VÍCTIMAS

En esta parte del país desde hace algunos años se viene desarrollando diferentes programas de reconstrucción, indemnización e integración a la vida social, para las víctimas del Departamento.

De acuerdo a la información suministrada por Unidad de Atención Y Reparación para las víctimas del Magdalena, dentro de ese proceso se hace la integración de planes, programas y proyectos que se ofertan desde las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas , como medidas que contribuyan a restablecer los derechos de las mismas.

De esa forma, entidades como el Icbf, Universidades, el Sena, Bancos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y otras instituciones se integran dentro de ese desarrollo fundamental para esta población; con lo cual se crean convenios para generar beneficios desde los servicios que ofrecen estas entidades.

PROCESO DE RETORNO

En el departamento del Magdalena la Unidad de Víctimas se encuentra acompañando un aproximado de 2.645 hogares que están con la esperanza de retornar a sus tierras.

Desde los sectores del Distrito de Santa Marta, los municipios de Chibolo, Fundación, Sitio Nuevo, Zona Bananera, Sabanas de San Ángel, Salamina, Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, Pivijay, EL Piñón, Plato, Remolino y Pueblo Viejo,

En el proceso de retorno de las víctimas es una de las partes fundamentales del rompecabezas que rodea la vida esta población; toda vez que su reintegración a su lugar de origen genera el centralizar diferente mecanismo.

Así lo indicó la Directora del Magdalena de la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas, Sheila Sanín, “El proceso de retorno debe ser guiado y vigilado de manera minuciosa por nuestra institución, es un paso clave para la reintegración total de estas personas”.

Dentro del proceso de retorno y reubicación, se implementa en dos fases, la primera esta direccionada a La estabilización socioeconómica.Esta se logra cuando desde el hogar se accede a los derechos mínimos de alimentación, educación, identificación, reunificación familiar, salud atención psicosocial, vivienda (como alojamiento en condiciones dignas) y generación de ingresos (incluye orientación ocupacional) en el lugar de retorno o reubicación. En esta primera fase se crea un primer paso para ir construyendo un retorno seguro y viable para esas comunidades. Luego pasamos al acceso de a otras medidas comunitarias de carácter gradual y progresivo, como vías de comunicaciones, fortalecimiento a la organización social e integración local, es decir se aplican medidas que implican un trabajo con la comunidad, derivado desde el proceso de retorno o reubicación con la comunidad receptora”, explicó.

Por último, se crean las medidas de reparación adicionales al retorno o reubicación que conducen a la definición de un proyecto de vida a partir de la permanencia en el lugar de retorno o reubicación, ya en este punto se establecen las medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y restitución (que puede ser: empleo, tierras, créditos y pasivos, y vivienda cuando es aplicable).

RETORNOS APROBADOS

Los procesos que se encuentran adelantados, es decir con un Plan de Retornos y Reubicaciones aprobado por la Unidad para las Víctimas son: Fundación, Sitio Nuevo, Salamina, Algarrobo, Ciénaga, Pivijay, El Piñón, Remolino, Pueblo Viejo.

Así mismo en proceso de formulación se encuentran los de los municipios de Zona Bananera, Sabanas de San Ángel, Aracataca, Plato, Y en proceso de estudio el del Municipio de Chibolo y el Distrito de Santa Marta

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

María Choles Toro, representante de las víctimas de violencia sexual por el conflicto armado del Magdalena, es una de esas mujeres que fue víctima del conflicto por medio del abuso sexual.

Santa Marta fue sede central del día Nacional de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual del Conflicto Armado que se realizó el pasado 25 de mayo, donde más de 100 mujeres de todo el departamento alzaron la voz para recalarme al Gobierno Nacional una mayor atención en los aspectos de las políticas de salud pública y su incursión al sector social.

LOS AVANCES Y RETROCESOS

Mientras el número de víctimas registradas en el país ya supera los siete millones de personas, el Gobierno Nacional suma esfuerzos para aumentar los recursos destinados a la ruta integral de reparación, programa que en opinión de algunos sectores, tardaría mucho más de lo planeado.

Además, en un proceso que avanza contrarreloj, el próximo 10 de junio vencerá el plazo para que las personas que se consideren víctimas del conflicto y hayan sufrido un hecho victimizante entre el 1 de enero de 1985 y el 10 de junio de 2011, presenten su declaración y sean incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Según el presidente Juan Manuel Santos, más de 500 mil víctimas de las 7 millones 392.679 registradas, han sido reparadas a través de una ruta integral que incluye como pocos países a los desplazados, despojados de tierra, víctimas del terrorismo, tortura, secuestro y delitos contra la integridad sexual.

Por esta razón, se presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para ampliar dos años más este registro, facilitar el mismo y dar reconocimiento expreso y legal del desplazamiento intraurbano como hecho victimizante.

De acuerdo con un censo realizado por la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448, tan solo un 0.9 % de las 500 mil víctimas que se encuentran en el exterior no han podido inscribirse en el RUV.

La alarmante cifra responde tanto al temor de algunos connacionales que temen perder su estatus de refugiados si acceden a las medidas de reparación, como a la falta de herramientas efectivas que impiden que la atención que requieren sea garantizada.

Lo mismo ocurre a nivel nacional, donde por falta de divulgación, o por la amenaza latente de grupos armados en ciertos territorios donde hay poca presencia estatal, se dificulta la tarea de desplazarse a un sitio de recepción de declaración e inclusión en el registro oficial de víctimas.

Para esto, el proyecto de ley que busca extender el plazo de registro tiene elementos nuevos como la obligatoriedad de los medios de comunicación y canales públicos de generar una información mayor y precisa que permita a las víctimas conocer cómo se desarrolla el proceso de inscripción. También se faculta a las Embajadas y Consulados de Colombia en todo el mundo para que hagan ese registro en el extranjero.

LOS OBSTÁCULOS

Estudios del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, aseguran que no hay claridad en qué tipo de reparación han tenido las víctimas reparadas, si estas fueron beneficiadas en procesos colectivos y si han tenido un enfoque preferencial.

También advierten que los montos que se están reconociendo a las víctimas de desplazamiento son muy bajos ya que con el decreto 1290 de 2008, se reconocían hasta 27 sueldos mensuales por desplazamiento, cifra que bajado a 17 con la ley de víctimas.

Frente al supuesto cambio en la priorización de las víctimas, Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas explica que en algunos casos se suspende el pago a los hogares que ya cumplen la Subsistencia Mínima para que avancen en la ruta de reparación integral, pues según explica, “al Gobierno no le interesa estar entregando eternamente ayuda humanitaria, sino ayudarlos a superar condición de vulnerabilidad”.

La reparación integral a esta población contempla un subsidio Integral de Tierras, permuta de predios, adquisición y adjudicación de tierras y un subsidio de vivienda de interés social.

Aun así, la Corte Constitucional en Sentencias C-462/13 y SU-254 declaró que tales mecanismos “son adicionales al monto de indemnización administrativa que debe pagarse en dinero”, por lo que el acceso a estas modalidades no constituye indemnización.

Es decir que una víctima reparada, es quien además de una indemnización, cuenta con el cumplimiento de unos mínimos satisfactorios que mejoran su calidad de vida.

¿QUÉ RESPONDE EL GOBIERNO?

En cuanto a la priorización y reparación, Paula Gaviria reitera que en la ley se aclara que la reparación comprende cinco tipo de medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias de estas medidas que pueden ser individuales, colectivas, materiales, morales o simbólicas, dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante.

Frente a la posibilidad de que incremente el número de víctimas y se haga inviable la reparación, la funcionaria asegura que el riesgo no es tan alto, pues luego de encuestas realizadas en 2013, se concluyó que el subregistro estaría máximo en el 5%.

“Además, la necesidad de ampliar el plazo es para algunos delitos, no para todos. Por ejemplo, la violencia sexual, el reclutamiento de niños y niñas y el de ciertas víctimas que tienen dificultades de acceso como las del exterior o de Fuerzas Militares, frente a las cuales no había claridad si eran parte o no de la Ley”, argumentó Gaviria.

Así las cosas, si bien el país es líder frente a otros en víctimas reparadas, estará en manos del Gobierno Nacional articular la ruta de reparación, para que además de destacar en el papel ser el primer país en reparar en medio del conflicto, lo logre en hechos, especialmente en la carrera por la firma del acuerdo final de paz.

 

 

 
Fuente: Periódico Hoy Diario del Magdalena

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