55 mujeres víctimas del despojo reclaman 1.332 hectáreas de tierra en Magdalena

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En el país es la primera demanda colectiva de restitución a favor de un grupo de mujeres.

Ante los jueces civiles del circuito especializado en restitución de tierras de Santa Marta, una organización de 55 mujeres presentó demanda judicial en procura de lograr la devolución y reintegro de un amplio predio del municipio de Pivijay, Magdalena.

Apoyadas por el colectivo Mujeres al Derecho, el grupo se tomó el fin de semana las instalaciones del edificio de los juzgados y con pancartas, la mayoría de ellas uniformadas, hicieron la petición. La Parcelación Los Playones, de Pivijay, con una extensión de 1.332 hectáreas, es el objetivo.

“Con esta demanda estamos buscando, más allá de la restitución material del predio, poder lograr unas medidas específicas que puedan ser replicables en otros casos de mujeres campesinas víctimas del despojo y del conflicto armado”, dijo Lorena Morales Vidal, abogada del colectivo.

Las 55 reclamantes son integrantes de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo, Asomuproca y actualmente se encuentran asentadas en seis municipios del departamento y otras ciudades del país.

Se indicó que este es el primer caso colectivo de restitución de tierras a una organización de mujeres en Colombia. “Buscamos un fallo de restitución favorable, sostenible, transformador y restaurador, como se comprometió el Gobierno Nacional con las mujeres y la sociedad”, anotó Morales.

Antecedentes
A mediados de los años 90, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, se presentó una catástrofe ecológica, que trajo como consecuencia la imposibilidad de recurrir a la pesca como fuente de trabajo y de sustento.

Es así como en 1995 nació la Asociación de Mujeres Productoras del Campo, Asomuproca, como organización que busca acceder a un subsidio de tierras.

Como consecuencia de esto les fue adjudicado en común un globo de tierra de 1400 hectáreas, llamado Parcelación Los Playones de Pivijay. El Estado les subsidió el 70 por ciento del valor y les financió el 30 por ciento. La Caja Agraria les concedió, además, un crédito productivo para la compra y cría de ganado. Esta tierra estaba declarada zona roja por la presencia de guerrilleros, de modo que desde que las mujeres entraron a ella en 1996, vivieron el hostigamiento de estos insurgentes, pero más tarde de los paramilitares.

“Nunca tuvimos libertad para transitar, organizarnos, ni explotar la tierra o simplemente vivir tranquilas y seguras en los predios adjudicados”, dijo una de las reclamantes.

Crímenes
Fueron varias las mujeres que sacrificaron su vida por la causa. El 12 de enero de 1999 es asesinada la líder Luisa Borrero Celedón en inmediaciones del predio y como consecuencia se producen los primeros desplazamientos.

En octubre de ese año ya se había ido la totalidad de las mujeres y familias adjudicatarias al haber incursionado los paramilitares.

Posterior a ello, el 24 de agosto del 2000 matan a Graciela Ibáñez, también adjudicataria de Asomuproca y a su esposo Antonio Cruz. Luego fue masacrada la representante legal de la organización, Dora Camacho y nueve personas más.

En los años 2002 y 2003, posterior al proceso de desmovilización de los paramilitares, varias de las mujeres decidieron regresar a sus predios, pero los mismos estaban invadidos.

Lo que queda claro es que las mujeres de Asomuproca nunca pudieron generar la dinámica económica necesaria para poder activar sus economías personales, producir la tierra, el ganado y hacer frente al pago de las deudas contraídas con la Caja de Crédito Agrario.

Hoy, con más herramientas jurídicas y con valor civil, quieren la restitución de sus tierras.
Fuente: El Heraldo

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