A sanción presidencial Ley que endurece penas por contrabando

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Tras la aprobación del informe de conciliación de la ley Anticontrabando en plenarias de Senado y Cámara, una de la modificación tiene que ver con la inclusión del contrabando como conducta constitutiva de lavado de activos y el aumento de penas.

La norma que pasa a sanción presidencial busca implementar medidas legales para prevenir y combatir el contrabando, favorecer la competencia legal en el comercio y aumentar el recaudo tributario.

La ley busca endurecer las penas contra el contrabando y fortalecer la institucionalidad para combatir este fenómeno que tanto daño hace a la competitividad y al desarrollo del país, limitando las posibilidades de empleo y bienestar de miles de colombianos.

Un informe del ministerio de Hacienda indica que la ley contempla cinco frentes: endurecimiento de penas y tipos penales; unificación del régimen sancionatorio del impuesto al consumo para todos los departamentos y el Distrito Capital;modificaciones en las leyes comerciales para mejorar la información sobre la actividad empresarial; fortalecimiento de las instituciones involucradas en la lucha contra el contrabando (DIAN, POLFA, UIAF – Invima e ICA); y conformación de una Comisión Interinstitucional, rectora de la política anticontrabando.

Explica el informe que al establecer el contrabando como conducta constitutiva de lavado de activos, quien incurra en estas actividades no solo deberá responder por el delito de contrabando, sino que será también responsable de una conducta típica adicional que es el lavado de activos, siempre que la finalidad sea encubrir u ocultar el origen ilícito de estos bienes.

Esto incluye el contrabando de hidrocarburos o sus derivados, el fraude aduanero, el favorecimiento y la facilitación del contrabando.

Para el contrabando de mercancías las penas aumentan hasta en 4 años. El código penal actualmente prevé una pena de prisión de 3 a 5 años cuando la mercancía sea de cuantía superior a 50 SMLMV, y de 5 a 8 años cuando la cuantía sea mayor a 200 SMLMV. Con esta ley se están incrementando esas penas a unos máximos de 8 y 12 años, respectivamente, señala el informe.

Además reconoce la magnitud del contrabando de hidrocarburos, que ocurre en cantidades importantes, y en consecuencia propone duplicar las penas para el contrabando de más de 80 galones. El código penal establece una pena máxima de 8 años y la Ley Anticontrabando eleva esta pena hasta 14 años y prevé un castigo de hasta 16 años cuando el volumen supere los 1.000 galones.

La Ley Anticontrabando introduce modificaciones para el delito de receptación (venta o adquisición de productos de contrabando) respecto de productos especialmente sensibles para la economía. Cuando el delito recaiga sobre productos agropecuarios (arroz, papa, cebolla, huevos, etc.), medicamentos o vehículos, entre otros, la pena imponible se aumentará hasta en la mitad.

Actualmente cada departamento tiene su propio régimen sancionatorio, con multas y sanciones diferentes, lo que permite la elusión y evasión de este impuesto, que se aplica sobre cigarrillos y licores. Esta Ley unifica el tipo de sanciones aplicables, las reglas para el decomiso de mercancías, y las condiciones de la suspensión o cancelación del registro o autorización de operaciones. Dentro de las sanciones que se unifican se incluye sanción por no declarar el impuesto al consumo, por importación con franquicia sin pago de este impuesto, por extemporaneidad en el registro, por no movilizar mercancías dentro del término legal, y por no radicar tornaguías para legalización, dice el informe de prensa.

Aclara el ministerio de Hacienda que el objetivo de la Ley es perseguir a los grandes contrabandistas. No afectará a los pequeños comerciantes de las zonas de frontera, ni modificará el Régimen de Zonas Aduaneras Especiales.

La Ley Anticontrabando fortalece las entidades involucradas en la lucha contra el contrabando, DIAN, POLFA, UIAF, ICA e Invima, facilitando los intercambios de información, fortaleciendo los laboratorios para la realización de pruebas técnicas, y promoviendo la articulación de procedimientos y protocolos para el aseguramiento de elementos materiales probatorios o evidencia física. Esto se enlaza con el fortalecimiento de las penas y la tipificación del contrabando como conducta constitutiva de lavado de activos, que ahora también será investigado por la UIAF, aclara el informe.

Impacto sobre la economía

El contrabando afecta negativamente la economía estimulando y financiando organizaciones criminales, las cuales tienen, a su vez, un efecto negativo sobre las actividades productivas en las diferentes regiones del país; afecta el empleo y la productividad, pues obliga a los productores nacionales del agro y la industria a enfrentar una competencia desleal; y al no pagar impuestos, limita las capacidades del Estado de llevar a cabo políticas sociales y de fomento de la actividad productiva.

 

 
Fuente: El Espectador

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