Al menos 1.000 hospitales públicos con amenaza de quiebra: contraloría General

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Más de 1.000 hospitales públicos deben implementar un programa de saneamiento fiscal y financiero para alejarse de una quiebra segura.

La advertencia fue hecha por el contralor General, Edgardo Maya Villazón, al indicar que un 57,7% de los hospitales públicos del país se encuentran en niveles de riesgo y, por tanto, están obligados a implementar programas de saneamiento fiscal y financiero.

Los hospitales deben manejar una adecuada gestión del riesgo y contar con la suficiente capacidad financiera, técnica y de calidad para operar de manera adecuada; sin embargo, en la práctica esto no está sucediendo en el caso de la mayor parte de los centros hospitalarios, subrayó Maya.

“Los hospitales públicos no están prestando de manera oportuna los servicios de salud y tienen problemas de flujo de recursos, toda vez que la administración de las deudas de las EPS con la red hospitalaria es todavía ineficiente y les ha generado problemas de liquidez”, enfatizó el contralor en un comunicado de prensa de la entidad de control.

El informe destaca que los problemas en el flujo de recursos de los hospitales públicos se vienen dado por que las EPS siguen sin cumplir con la normatividad vigente que establece que el giro de los recursos por capitación debe hacerse anticipadamente dentro de los primeros 10 días de cada mes. Tampoco se cumple que una vez presentada la factura la EPS debe girar por lo menos el 50% de los recursos dentro de los 5 días posteriores a su presentación.

Existen EPS en liquidación que están insolventes y no pueden cancelar la totalidad de las deudas con los hospitales y éstos afrontan una crisis económica muy grave, que los lleva a no pagar a su empleados, médicos y enfermeras y a evitar cancelar las cuentas de servicios públicos, acudiendo incluso a tutelas para que no les corten la luz y el agua por ser entidades prestadoras del servicio de salud, señala el informe de prensa.

Las Empresas Sociales del Estado (ESE) dependen principalmente de los servicios que presten, es decir de lo que facturan, y sobre este aspecto la Contraloría ha observado dificultades en el flujo de los recursos, dice el comunicado de prensa.

“Pese a la medidas que ha adoptado el Ministerio de Salud como el giro directo y la compra de cartera; aún existen pasivos entre las EPS y las ESE sin normalizar, lo que significa que pese a que los hospitales públicos han garantizado el servicio a la salud, dejan de contar oportunamente con recursos para su operación, lo que afecta su capacidad financiera, impactando esto en la prestación del servicio a los ciudadanos”, sostuvo Maya Villazón.

El jefe del organismo de control confió en que la prestación del Servicio de Salud a todos los colombianos se mejore con la implementación de la Ley Estatutaria No. 1751 del 17 de febrero de 2015, “por la medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud”.

Otros recursos en riesgo

Un punto sobre el que también expresó preocupación el contralor General Edgardo Maya Villazón es el riesgo de ejecución en que se encuentra un porcentaje importante de los recursos para la salud.

De este total de recursos, estimados en $36 billones, se han observado riesgos en la gestión, tales como la administración en las base de datos de afiliados al sistema, donde se ha evidenciado por parte de la contraloría General la existencia de 155.000 registros que representan $61.800 millones de pesos entre duplicados, multiafiliados y fallecidos, situación de la que debidamente que se informó al Ministerio de Salud y Protección Social, remarca el informe de prensa de la contraloría General.

Adicionalmente se han evidenciado otros riesgos asociados al registro de cartera entre EPS e IPS. Se ha establecido que cerca de 2 billones de pesos de los recursos de salud pública, dejan de ser efectivos, es decir, que las metas y las acciones relacionadas con la prevención primaria no generan impacto en la población objetivo.

“En el año 2015, la Contraloría General de la República vigilará $1.4 Billones de los recursos de Salud transferidos por el Sistema General de Participaciones, que se dedican a los componentes de Salud Pública y a la atención de la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda, mientras que en el año 2014 se auditaron $ 112.406 millones, lo que significa un incremento superior al 1000%.”, destacó el contralor en el informe de prensa.

 

 
Fuente: El Espectador

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