Aplazada audiencia de presentación de escrito de acusación por corrupción

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La audiencia pública en la que se iba a dar lectura al escrito de acusación por presunta corrupción del alcalde Rafael Martínez, el exalcalde Carlos Caicedo y de otras cuatro personas, fue aplazada para el 24 de agosto a partir de las 8:00 de la mañana.

La diligencia no se realizó debido a que no se hizo presente uno de los implicados que se encuentra cobijado con medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria.

El Juez Jairo Villalba De Ángel, del Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, que debía presidir la audiencia, no citó al imputado, Harry Villalobos Tejeda, contratista de Mediredes, porque la Fiscalía no le reportó que se encontraba en detención domiciliaria.

El abogado Luis Carlos Torregrosa, apoderado suplente de Rafael Martínez y Carlos Caicedo, recalcó que la diligencia se aplazó por una clara omisión de la Fiscalía.

En este proceso también son investigados los contratistas Gregorio Domínguez Fonseca, Jesús Enrique Navarro Britto, Carlos Slebi Palacio y Edgardo Charris Salcedo. Ahora queda pendiente, dentro de este mismo proceso, la fecha del próximo 23 de julio sobre la solicitud de parte de la Fiscalía de la medida de aseguramiento ante el Juzgado Octavo Pernal Municipal con Funciones de Control de Garantías que preside Alexander Vila Farelo.

La investigación se da porque los centros de salud de Mamatoco, La Paz, Taganga y el IPC La Candelaria, fueron demolidos hace tres años, durante la administración de Carlos Caicedo, sin que hasta la fecha se hallan terminado, pese a la inversión por 6 mil 537 millones de pesos. Estas obras se reiniciaron, después de hacerle unos ajustes a los diseños exigidos por el Ministerio de Salud, y el plazo de ejecución era hasta el pasado 31 de diciembre.

El primero de estos contratos fue suscrito en agosto de 2014, en la administración de Carlos Caicedo, con la firma Mediredes SAS, para la adecuación de los centros de salud Bastidas, IPC La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.

De acuerdo con la investigación, este contrato se inició sin tener concepto de viabilidad técnica del Ministerio de Salud y sin licencia de construcción. El único centro de salud que se construyó generó detrimento de cerca de 5 mil millones de pesos. Esta investigación se adelanta con el Fiscal 41, Salustiano Fortich.

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