Con medida de aseguramiento domiciliaria aseguran al alcalde Martínez por la demolición de Centros y Puestos de Salud

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Con medida de aseguramiento, con el beneficio de detención domiciliaria, fue cobijado el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, el contratista Jesús Enrique Brito y el ex gerente de la Empresa Social del Estado, ESE, Edgardo Charris Salcedo, por la demolición de Centros y Puestos de Salud.

Sin embargo, la defensa presentó un recurso de reposición que será resuelto el próximo lunes, cuando se reinicie la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, la misma que por razones varias ha sido suspendida en ocho ocasiones.

Dentro de la misma decisión judicial el juez de la causa, Alexander Vila Farelo, se abstuvo de asegurar al ex alcalde Carlos Caicedo, quien lideró la demolición, con el argumento de que no es funcionario público en estos momentos.

Radio Magdalena conoció de fuentes allegadas al proceso judicial, que la posición de la Fiscalía es que la medida de aseguramiento tiene que ser igual para todos y sin beneficio de detención domiciliaria, sino en centro carcelario, dada la gravedad del caso, que ha afectado a la salud de los samarios.

Curiosamente ha llamado la atención el concepto de la Procuraduría, representada en la audiencia por Claudia García, quien considera que no existen méritos para dictar medida de aseguramiento, muy a pesar de que aún, cinco años después, esos centros asistenciales demolidos no prestan ningún servicio a la ciudadanía samaria.

Pero la Fiscalía ha insistido, y por eso presentó el escrito de acusación, en que se realizaron dos contratos, con el mismo objeto, sin el lleno de los requisitos legales.

En conclusión, el próximo lunes se conocerá la decisión final sobre el aseguramiento o no e igualmente ese mismo día debe darse cumplimiento a la audiencia preparatoria de juicio, dentro de un proceso judicial que no tiene antecedentes en el país, por el tiempo transcurrido para una audiencia de imposición de medida de aseguramiento, año 4 meses, en un caso de delitos contra la administración pública.

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