Condenan a la Nación por muerte de menor tras pisar una mina anitpersona

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La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en la Policía Nacional, por la muerte de un menor tras pisar una mina anipersona ubicada por la guerrilla del ELN en zona urbana de Barrancabermeja (Santander) en hechos registrados en abril de 1997.

El alto tribunal determinó que se presentaron fallas en el servicio, puesto que la Institución tenía la obligación de proteger la población civil. En este caso se consideró que existía información sobre la instalación de minas antipersona por dicho grupo armado ilegal puesto que se habían presentado casos similares.

En el debate jurídico se comprobó que no se tomaron las acciones necesarias para proteger a la comunidad pese a la grave situación de orden público y el estado de violencia generalizada que se presentaba en el sector.

La Sala rechazó los argumentos presentados por la parte demandada, al considerar que no era obligación de la población civil ni de los menores hacer un informe de inteligencia sobre las actividades que adelantaba dicho grupo guerrillero.

Ante esto se considera que no se tomaron las medidas de protección, “por el contrario, lo probado en el plenario denota es la inactividad total de la Policía Nacional, en cuanto a dicha protección, pues se limitó a esperar a que la comunidad les informara la existencia de minas antipersonales”.

En el proceso se demostró que las minas fueron utilizadas como instrumento de delimitación de las zonas de influencia del grupo subversivo, en la parte urbana de la población, donde se pone en evidente peligro a la sociedad civil, entre ellos menores de edad.

Para el Consejo de Estado el ELN “infringió las normas de Derecho Internacional Humanitario al colocar la mina en lugar donde ni siquiera había dudas del paso de civiles y entre ellos niños. Al tratarse de espacio público urbano de la población de Barrancabermeja, la segunda ciudad más grande del departamento de Santander, los miembros del grupo armado tenían la certeza de la presencia de civiles en esta área, que potencialmente podría ser víctimas de la mina que fue sembrada”.

Finalmente se le solicitó a las autoridades nacionales, o en su defecto a los organismos internacionales, evaluar la conducta del grupo subversivo que dejó el artefacto explosivo, debido a que su uso indiscriminado no está permitido por el Derecho Internacional Humanitario y está en abierta contradicción con los Convenios de Ginebra.

Fuente: El Espectador

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