Contraloría ordena embargos por prórroga de concesiones de TV

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Por la “asimetría entre el valor económico real y el precio final de las prórrogas de los contratos de concesión 136 y 140”, que en el 2009 extendieron por otros diez años la concesión de los canales de televisión abierta para Caracol y RCN, esos dos canales privados y cinco miembros de la hoy liquidada Comisión Nacional de Televisión (CNTV) fueron embargados por orden de la Contraloría General.

Se trata de una medida cautelar que apunta, en caso de que se determine una responsabilidad fiscal, a que el Estado asegure la recuperación de una cifra que, a junio 30 del 2011 (cuando se inició el proceso), estaba calculada en cerca de 250.000 millones de pesos: 180.408 millones que supuestamente dejaron de pagar los canales, más intereses causados por el orden de los 70.016 millones.

La determinación no ha sido aún notificada a los canales privados, que extraoficialmente manifestaron que no esperaban la decisión. Entre otras razones, porque ya un tribunal de arbitramento, convocado por la misma CNTV, los había condenado a reponer el diferencial entre lo pagado por la prórroga y el valor establecido por el tribunal que reflejaba la no entrada del tercer canal en el 2010.

Fuentes de la Contraloría señalaron, sin embargo, que entre lo ordenado por los árbitros y el presunto detrimento patrimonial hay una importante diferencia económica, lo que explica la persistencia del proceso fiscal contra los excomisionados y los canales.

Los embargos se hicieron sobre bienes inmuebles de las dos empresas y sobre las cuentas bancarias de los cinco excomisionados de la época.

La diferencia entre lo pagado y la suma que realmente se debió cancelar por las prórrogas podría aumentar, pues el modelo económico se planteó sobre el supuesto de que entrara en el 2010 un tercer operador privado de televisión nacional, que se convertiría en el tercer competidor por la pauta.

Por un accidentado proceso, que se caracterizó por demandas en diferentes instancias, y por la oposición de los dos canales privados, la concesión del tercer canal se frustró y se mantiene el duopolio sobre la televisión.

Pero el componente principal del proceso fiscal tiene que ver con la metodología utilizada para determinar el valor de las prórrogas de los canales nacionales, que terminó por favorecerlos.

En el 2009 la CNTV concedió las prórrogas sobre un precio fijado en 147.436 millones de pesos por canal. Pero el valor que debió pagarse, según la Contraloría, estaba en el orden de los 237.640 millones, “lo que implica una diferencia de 90.204 millones, por cada canal establecido”.

Esta diferencia se debe a que la inversión neta publicitaria del mercado de televisión estuvo en el orden de los 1,78 billones de pesos en los dos años.

“Existe una asimetría entre el precio final definido en los otrosíes de los contratos de concesión y el valor de mercado que para las prórrogas de televisión abierta nacional de operación privada determinó la CNTV”, dice el expediente.

En la Contraloría hay otro proceso, por valor de 50.000 millones de pesos, contra la Agencia Nacional de Televisión (que reemplazó a la CNTV) y los dos canales privados por “el mayor valor de la concesión dejado de percibir por la ANTV entre el 2013 y el 2014, por la no entrada en operación de un tercer canal, que les ha permitido (a los dos canales privados) tener la exclusividad de la totalidad de la pauta publicitaria”. El proceso está en etapa preliminar.

Además, la Comisión ya convocó otro tribunal de arbitramento para reclamar ese dinero.

Algunos de los particulares afectados por la decisión de la Contraloría le confirmaron a el diario El Tiempo que, aunque no han recibido notificación, sus cuentas bancarias están bloqueadas. La medida cautelar tiene recursos que, en última instancia, deberán ser resueltos por el contralor, Edgardo Maya.

 

Por: El Tiempo

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