Demandan al Estado ante la Cidh por el atentado contra el avión de Avianca

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La más reciente acción de las víctimas del atentado contra un avión de Avianca en 1989 y que dejó 107 muertos, fue una demanda contra el Estado ante la Comisión de Derechos Humanos (Cidh). El Espectador conoció apartes del documento que presentó el pasado 29 de octubre Federico Arellano, hijo de Gerardo Arellano, una de las víctimas de la explosión. En el documento, Arellano responsabiliza al Estado colombiano por su acción y omisión en lo que, según él, fue “la peor masacre de la historia de Colombia”, orquestada por Pablo Escobar.

La demanda ante la Cidh se basa en lo dicho por John Jairo Velázquez Vásquez, alias “Popeye”, quien declaró ante la Fiscalía en 2010 que agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) participaron en los hechos: “Una mano negra enquistada en la Fiscalía no quiso de que “Popeye” hablara del caso Avianca, (…) al único que lo dejaron vincularse fue a alias el “Arete”, Carlos Mario Urquijo; esto es muy sospechoso, ya que la fiscal era Cruz Helena Aguilar, hermana de (uno de) los Pepes (Perseguidos Por Pablo Escobar), de Rogelio Aguilar, socio de “Don Berna”; es claro que quería tener el control del caso de Avianca, pues tenían control del “Arete”, pero no el control de “Popeye”…”

Arellano agregó que “Popeye” había hecho las mismas declaraciones un año antes pero ante medios de comunicación. En 2009 el sicario del cartel de Medellín dijo en dos entrevistas en televisión que la bomba pudo ser introducida al Vuelo HK 1803 de Avianca por la complicidad que existía entre Carlos Castaño Gil –supuestamente socio de Pablo Escobar en ese entonces- y el entonces director del DAS, Alberto Romero. Este último falleció en 2012, dos años después de que la Fiscalía le abriera investigación por su papel en el magnicidio de Carlos Pizarro.

Esta supuesta complicidad entre el Cartel de Medellín –que desde el principio se atribuyó a sí mismo el acto terrorista- y los grupos paramilitares, quienes a su vez estaban infiltrados en las estructuras del Estado, son las principales razones por las cuales el documento concluye que “el atentado del avión de Avianca en el que murió el padre de la víctima fue propiciado por autoridades estatales, por lo que el Estado es responsable por el deceso del señor Gerardo Arellano Becerra” y las demás víctimas”.

Arellano, quien además representa en los procesos en Colombia a las familias víctimas del atentado a través de la fundación Colombia con Memoria, aseguró ante la Cidh que a él y su madre, Claudia Patricia Mendoza Serrat, les violaron los derechos a la vida y a la protección judicial. Agregó que por un retraso injustificado en el proceso penal y por “la falta de investigación de los hechos ocurridos el 27 de noviembre de 1989” no se ha obtenido verdad, justicia y reparación.

En el documento, Arellano expuso que la falta de garantías procesales se explica en que en el en el último cuaderno del expediente del proceso –abierto desde el 8 de enero de 1991–: “Solo reposa un plan de trabajo, un informe posterior que contempla unos cuadros de lo que materialmente llegó a la Fiscalía y las copias de las actas de las reuniones, pero no se evidencia la realización de una investigación seria, efectiva y diligente”. Un caso que nunca avanzó a pesar de que en 2009, días antes de su prescripción, fue el primer delito del narcotráfico en ser declarado crimen de lesa humanidad.

Tal ha sido la inoperancia, dice el documento, que en mayo de 2010 la Procuraduría le envió un oficio a la Fiscalía solicitándole informarle por escrito sobre los avances de la investigación, pues para el Ministerio Público “el excesivo paso del tiempo es una evidencia de impunidad”. La demanda concluyó que “no cabe duda que el Estado colombiano ha vulnerado el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial”.

Así, a días de que la tragedia cumpla 26 años de ocurrida el próximo 27 de noviembre, aún no se ha esclarecido la verdad ni se han juzgado a los autores materiales e intelectuales del homicidio. Federico Arellano, vocero de las víctimas del atentado y quienes podrían sumarse en una etapa más adelante a la demanda ante la Cidh, espera que “el pronunciamiento del Sistema Interamericano por las evidentes y sistemáticas violaciones a los DDHH y a la Convención Americana de DDH y demás instrumentos humanitarios internacionales sea a pronta, ejemplar y en favor de las víctimas”.
Por: El Espectador

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