El SOS de las personerías para apoyar implementación del Acuerdo de Paz

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Desde cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc se viene hablando del papel fundamental que juegan las personerías del país en la implementación de lo pactado. Con presencia en los 1.102 municipios de Colombia, se trata de las entidades que, hasta el momento, han recibido el 80 % de las declaraciones de víctimas del conflicto. Es decir, son las responsables de salvaguardar en los territorios la defensa de los derechos humanos y garantía de presencia institucional para todos los ciudadanos. Un reto que se hace mayor en la coyuntura actual, cuando ya se habla de posconflicto y existen 27 zonas de concentración de las tropas de las Farc, que implican nuevas funciones.

El problema es que, salvo una que otra reunión, no se les ha prestado el respaldo suficiente desde el Gobierno y hoy casi que con las uñas cumplen con su trabajo, la mayoría de ellas sin personal suficiente, sin equipos mobiliarios, sin computadores, sin papelería y sin áreas de atención al público. Un diagnóstico que sale una vez más a flote en la VIII Asamblea Nacional de Personeros, que se realiza desde ayer en Pereira y que, según Camilo Fonseca, director ejecutivo de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), hace necesario impulsar en el Congreso, por la vía rápida (o fast track), un proyecto de ley que permita su verdadero fortalecimiento, en una primera etapa de aquellas oficinas con responsabilidad en las zonas veredales transitorias y en los municipio priorizados de la implementación, que son unos 150.

“Es que a las personerías les dieron competencias para hacer el seguimiento a toda la vulneración de derechos dentro de las mismas zonas de concentración y el área rural que las rodea. Pero además, tendrán que acompañar el proceso de desarme y desmovilización y, a futuro, el mismo proceso de participación política de 2018. Ya se han presentado nuevas conflictividades: niños que están naciendo, falta de atención en salud y otra serie de situaciones, no solo de los guerrilleros, sino de las mismas comunidades. Y hay que pensar después cuando se dé la desmovilización. Si la institucionalidad local no está fortalecida, esto puede ser un fracaso y generador de nuevas violencias”, señaló Fonseca.

Propuesta que respalda el contralor general, Edgardo Maya, quien reiteró que se debe establecer un régimen de ley de las personerías que les dé estabilidad en todos los sentidos, incluyendo el financiero. “Se ha planteado desde hace rato: tienen que quedar por fuera del alcance del alcalde municipal, pues tal y como operan las cosas en la actualidad, las personerías viven sometidas a la simpatía o no del mandatario de turno, que es el que define su presupuesto. Hay que dotarlas y darles independencia, porque representan la legitimidad del Estado”, enfatizó.

En efecto, las preocupaciones y sobre todo los reparos por la falta de comunicación desde el Alto Gobierno están a la orden del día. Any Castillo Vivas, personera de Tumaco (Nariño), que alberga la Zona Transitoria de La Variante, le dijo a El Espectador que el 20 de diciembre se realizó una reunión en Cali con representantes de Naciones Unidas, las Farc y el mismo Gobierno, en la que se les dio información sobre la manera en que iban a funcionar los campamentos guerrilleros, pero sin mayores detalles y mucho menos con instrucciones precisas sobre el papel a cumplir.

“La verdad es que no ha existido una articulación y una coordinación entre nación y territorio. Las autoridades locales no hemos sido tenidas en cuenta para nada, ni para la organización ni para la implementación de estas zonas. A la fecha, la que queda en Tumaco no lleva ni siquiera el 15% de avance en su adecuación. Y encima de todo estamos atravesando una crisis con los cultivadores de coca, que tienen bloqueada la vía hacia Pasto porque consideran que el tema de sustitución no se ajusta a las necesidades del territorio. Hemos sido enfáticos en la necesidad de ser garantes y veedores del proceso de paz, no de la guerrilla sino de toda la comunidad, y nos preocupan las garantías y el respeto a los derechos humanos”, refirió Castillo Vivas.

Por su parte, el personero de Tibú (Norte de Santander), Richard Claro, cuestionó que desde el Gobierno siempre les han dicho que son la clave para la paz, pero siguen en el olvido. “No nos tienen en cuenta, aun sabiendo que los que estamos en las zonas que han padecido la guerra entendemos las prioridades de la gente. Queremos visibilizar los problemas. Acá tenemos la zona veredal de Caño Indio, donde hubo un incidente por la supuesta presencia de un grupo armado que hizo que la movilización de las tropas de las Farc se detuviera y que ha generado el desplazamiento hacia Venezuela por temor de algunas familias. Estamos comprometidos con la paz, dicen que somos aliados, pero no parece”, manifestó.

Por los lados del Gobierno, Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas, cree que el posconflicto y la implementación del Acuerdo de Paz representan una oportunidad para lograr el fortalecimiento de las personerías que tanto se pide, lo cual se enmarca dentro de los mismos textos de La Habana, cuando se habla de presencia institucional en todo el territorio. “El contralor Maya y Fenalper hablan de una ley especial que les permita ser independientes y tener dientes para cumplir su trabajo. Eso necesariamente es con recursos y aquí tiene que haber colaboración internacional y el compromiso de muchas entidades para hacer presencia efectiva en lo local y lo regional”, subrayó.

Lo cierto es que los personeros esperan respuestas. Este viernes hará presencia en la Asamblea el procurador Fernando Carrillo, quien tiene programada una reunión con los personeros de los municipios donde están ubicadas las zonas de concentración de las Farc. El senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, aseguró que el proyecto de fortalecimiento de las personerías es “útil y necesario”, aunque no está seguro si se podría tramitar por la vía rápida: “Eso tocaría hablarlo con el Gobierno, que es el que decide”, indicó. Es decir, la Casa de Nariño tiene la última palabra.

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