El Tribunal Contencioso ampara el derecho al debido proceso del ciudadano Lorenzo Romero, vulnerado por la Procuraduría Regional

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El Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, con ponencia de la magistrada María Victoria Quiñónez Triana, amparó el derecho fundamental al debido proceso que la Procuraduría Regional le vulneró a los ciudadanos Lorenzo Romero Blanco y Mabis Fonseca Cortina, quienes habían presentado queja en contra de la mesa directiva del Concejo de la ciudad por la irregular designación de Alfredo Moisés Ropaín como Contralor Distrital sin estar en el listado de elegibles como lo ordenó el Consejo de Estado.

Lo anterior, debido a que después de transcurridos cinco meses, el Ministerio Público no ha dado respuesta a una solicitud presentada por los accionantes, quienes además y con el argumento de falta de garantías, requirieron el traslado del expediente de la Procuraduría Regional dado el impedimento que tiene la Procuradora Ana María Muelle, esposa de uno de los concejales, para atender casos del Distrito.

En respuesta, la Procuraduría Regional dijo que había ordenado el traslado del expediente a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, pera nada más se ha sabido.

Por consiguiente, el Tribunal le entrega un plazo de 5 días a la Procuraduría para que informe qué ha sucedido con la queja disciplinaria presentada en contra de la mesa directiva del Concejo Distrital de Santa Marta, por lo anteriormente expuesto.

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