Entre whisky y asados, así funciona el pabellón de lujo de La Picota

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Tomás Jaramillo Botero, el empresario que pasaba fines de semana a bordo de un lujoso yate en el Caribe y que coleccionaba obras de arte, hoy pasa sus días recogiendo tomates, zanahorias, lechugas y ahuyamas en la penitenciaría La Picota, en el sur de Bogotá.

Es la misma granja en la que hace cinco años decenas de condenados por el escándalo de la ‘parapolítica’ sembraron, según los informes del Inpec, hortalizas y plantas aromáticas que les valieron para recuperar su libertad en apenas la mitad del tiempo de sentencia.

Ahora hay una ‘nueva generación’ de presos en el Ere (establecimiento de reclusión especial) Sur, que es más conocido como el pabellón de ‘parapolíticos’. Allí están hoy varios de los señalados cerebros del descalabro de la comisionista Interbolsa y del Fondo Premium que, como Jaramillo –socio gestor–, le apuestan a la misma estrategia. Aunque no han sido condenados, trabajan en los cultivos hidropónicos para sumar horas de trabajo y descontar desde ya una posible sentencia en contra. El reglamento carcelario señala que por un mes de labores o de estudio, de lunes a viernes, descuentan hasta 10 días de pena.

Juan Carlos Ortiz, otro de los detenidos por el escándalo de la comisionista de bolsa, también se dedica a la granja, según los reportes del Inpec.

Los dos protagonizaron el más reciente escándalo de indisciplina en ese penal, cuando, en la primera semana de septiembre, fueron sorprendidos por los grupos especiales del Inpec en pleno asado y bebiendo whisky en los prados del pabellón, que, más que los de una cárcel, parecen los de un sitio de recreo.

El asado, según el Inpec, era parte de la despedida al exconcejal Juan José Rodríguez, preso por el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá y que logró que un juez lo dejara en libertad por vencimiento de términos. Camilo Bula, el exfiscal antimafia que responde por el saqueo de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes; el abogado Álvaro Dávila, otro de los del ‘carrusel’, y el exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal, tras las rejas por homicidio y nexos con paramilitares, estaban entre los comensales. Tres botellas de whisky son parte de la evidencia que podría, en el peor de los casos, forzar un traslado o la anulación de horas de trabajo.

El más preocupado puede ser Bula, a quien la administración de La Picota ya le certificó 62 días de trabajo por sembrar y recoger tomates. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá le aumentó la condena de 8 a 18 años por la red de corrupción en la DNE.

Internos con privilegios

Además de los escándalos, el Ere Sur de La Picota es conocido porque sus inquilinos tienen unas condiciones de reclusión muy diferentes a las de los demás presos del país. Allí, por ejemplo, no hay rastro del hacinamiento, que en todo el país llega al 53 por ciento. Así, hay 32 presos para 56 habitaciones (no celdas) disponibles. El pabellón fue en el pasado un centro médico, y por eso los espacios son mucho más amplios.

Otra ventaja para los que están allí es la disponibilidad y variedad de opciones para rebajar condena. Además de las labores de huerta, tienen la posibilidad de trabajar en la granja (donde según el Inpec trabajó el exconcejal Rodríguez), un galpón de gallinas y un plan de manejo ambiental que incluye reciclaje. En el galpón la actividad más solicitada es alimentar las gallinas y recoger huevos, supuestamente desde las primeras horas del día.

De acuerdo con fuentes en el penal, el trabajo duro usualmente lo realiza un funcionario del instituto o internos del pabellón de mínima seguridad, que está muy cerca del Ere Sur. Son ellos quienes se encargan de abonar y remover la tierra. El riego y la recolección de las cosechas sí son actividades frecuentes de los del Ere.

Ese patio y su privilegiado régimen datan de los inicios del escándalo de la ‘parapolítica’, cuando decenas de congresistas y excongresistas fueron procesados por nexos con las Auc.

Ellos obtuvieron condiciones diferentes a las que tienen otros funcionarios públicos (presos en el Ere 1 y el Ere 2), y a las que padecen los otros 100.000 presos en Colombia. Todo el que llega al pabellón de los ‘parapolíticos’ tiene derecho a dos días de visita más (de viernes a lunes), puede ingresar sus alimentos y tener cocinero. También, computadores con conexión a internet, televisión por cable y servicio privado de peluquería y manicure. Como casi todos tienen plan complementario de salud (la mayoría de los presos del país están en el subsidiado), tienen la ventaja de salir con frecuencia a cumplir citas médicas y odontológicas en el norte de Bogotá.

Esos beneficios han revivido el debate de si se deben eliminar esos regímenes especiales. El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra señala que ya es hora de que esas condiciones sean revisadas. “Se tiene una consideración especial con ciertos reclusos que no tiene demasiada justificación. Ellos han mostrado que no son merecedores de esas consideraciones”, señaló.

Por su parte, el coronel (r) Carlos Alberto Barragán, exdirector del Inpec, indicó que ante esos actos de indisciplina se deben imponer sanciones ejemplarizantes. Propuso mantener el régimen especial, por seguridad de los internos, pero que ante la primera conducta violatoria del reglamento el interno sea enviado a los patios de funcionarios públicos; y si reincide, a un patio regular.

Por ahora, el Gobierno ha dicho que no modificará el régimen en el Ere Sur, sino que apostará por fortalecer los controles.

La historia de abusos se ha repetido en los últimos años

La celda de Martínez

En enero del 2010, el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra se apropió de una celda y la remodeló. Un año después realizó una gran fiesta de cumpleaños. Su sanción fue el traslado a Barranquilla, donde también tuvo poder.

El castigo a Emilio Tapia

La presunta contratación de una parranda vallenata el año pasado y la ampliación de su celda en La Picota le significaron al contratista Emilio Tapia su traslado a Cómbita. Hace un par de meses regresó a La Picota.

Feria de rebaja de penas

Certificados que daban cuenta de ocho horas de trabajo cuando los presos estaban en citas médicas o en audiencias motivaron en el 2011 una investigación a funcionarios del Inpec que aún no llega a ningún lado.

Los juguetes de los Nule

Ron, dinero, celulares, un iPad y una consola de PlayStation fueron algunos de los lujos que el Inpec decomisó a Manuel, Miguel y Guido Nule y a su socio Mauricio Galofre en febrero del 2012.

 

 

Por: Redacción El Tiempo

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