Fuerzas híbridas para proteger zonas de conflicto

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Las polémicas alrededor de la inclusión de 1.200 guerrilleros en la Unidad Nacional de Protección, así como la posibilidad de que desmovilizados de las Farc formen empresas de seguridad privada, volvieron a poner sobre la mesa la cuestión del papel de esta guerrilla con respecto al tema de seguridad en el posconflicto.

El tema alude a dos problemáticas distintas. La posibilidad de que exguerrilleros de las Farc integren la Unidad Nacional de Protección para proteger a sus miembros amenazados responde a dos aspectos clásicos del Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR): garantías de seguridad física, por un lado, es decir, proteger a los cuadros de las Farc ante posibles amenazas debido al fantasma del pasado (asesinato de miembros de la UP) y al contexto actual (asesinatos de líderes sociales y defensores de los DD. HH.), y garantías económicas, por el otro, al ofrecer un trabajo legal y remunerado a muchos de los excombatientes, mitigando así la tentación de seguir delinquiendo o de volver al monte. La polémica no debería tener lugar en cuanto al fondo de la cuestión. Este esquema se implementó en muchos países e inclusive en Colombia. Lo discutible puede ser el número elevado de excombatientes que integrarían la Unidad de Protección.

Ahora bien, la segunda propuesta —autorizar a las Farc la conformación de empresas de seguridad privada— es mucho más problemática, porque, más allá de ofrecer trabajo a excombatientes de las Farc, podría tener implicaciones sobre la seguridad de muchas regiones de Colombia al correr el riesgo de permitir la conformación de pequeños ejércitos privados, de los cuales algunos en el pasado se encontraron envueltos en actividades criminales al servicio de intereses económicos y políticos privados.

Por importantes que sean, estas dos polémicas ocultan, sin embargo, otro debate que fue brevemente planteado al inicio de las negociaciones de paz, cuando personalidades como Antonio Navarro propusieron integrar desmovilizados de las Farc en estructuras actuales de la Fuerza Pública, con el fin de que puedan contribuir a tareas de seguridad, debate rápidamente tapado por la dificultad política de que la Fuerza Pública y la opinión pública acepten semejante propuesta.

Valdría la pena reabrirlo. En lugar de autorizar la creación de empresas de seguridad privada de las Farc, la constitución de una fuerza de seguridad rural transicional e híbrida presenta ciertas ventajas que, sin prejuicio de casta o sesgo ideológico, invitan a considerar la cuestión, o por lo menos obligan a no descartar esta posibilidad de antemano.

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