Gas Natural afirma que demandará al Estado la “próxima semana”

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La multinacional española Gas Natural Fenosa demandará a principios de la próxima semana a Colombia por la liquidación de su filial Electricaribe ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.

Fuentes de Gas Natural aseguraron a Efe que la multinacional pedirá una indemnización de 1.000 millones de euros (1.071 millones de dólares), cifra que ya trascendió y que supone más del doble del valor contable de Electricaribe de 475 millones de euros (508 millones de dólares).

Con esta demanda ante el Ciadi, la multinacional española reacciona así a la liquidación de Electricaribe, que fuentes del sector consultadas por Efe consideran, en la práctica, una expropiación.

La embajada de Colombia en España subrayó que en el contencioso con Gas Natural Fenosa a cuenta de su filial Electricaribe no ha habido expropiación, sino liquidación de acuerdo con la ley, y que el diálogo con la multinacional sigue abierto.

Al conocerse la liquidación de Electricaribe, Gas Natural aseguró anteayer que la decisión del Gobierno colombiano es “contraria al proceso de diálogo” abierto en los últimos meses con Colombia y también “al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia”, a la vez que “impacta negativamente” en el clima requerido para que se produzcan flujos de inversión internacional hacia ese país.

“La orden de liquidación de la compañía es claramente un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la OCDE”, aseguró la multinacional española.

No es expropiación

La Embajada de Colombia hizo público un comunicado después de que hace dos días las autoridades decidieron liquidar la distribuidora y comercializadora Electricaribe, por considerar que no presta el servicio adecuado y su situación financiera es mala.

El comunicado denota la preocupación porque el contencioso, que llegará previsiblemente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), siembre dudas acerca de la seguridad jurídica de Colombia en un momento en el que busca inversiones tras el final del conflicto armado con la guerrilla de las Farc.

“Con esta decisión no está en riesgo la seguridad jurídica. Por el contrario, el Gobierno de Colombia aplica la ley de insolvencia económica (ley de quiebras) existente en la actualidad, un procedimiento concursal que existe en todo el mundo ante este tipo de situaciones”, dice la nota.

El grupo español posee el 85% de Electricaribe desde 2009 y el 15% restante está en manos del Gobierno colombiano, y la empresa atiende a 2,5 millones de clientes de la Costa Caribe.

La posición oficial, recogida en el comunicado de la Embajada, es que “la prioridad es lograr el bienestar de los usuarios y acreedores” y que con la liquidación de Electricaribe “se busca una salida al mal servicio y resolver el problema crónico a 10 millones de personas que viven en la región Caribe y a cientos de empresas que sufren el aumento de cortes” de suministro.

Pero en ningún caso es una expropiación, ya que la legislación impide que el Estado gestione el servicio, que tendrá que salir a concesión cuando acabe el contencioso.

“Una decisión correcta”

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que “serían absurdas las pretensiones de que el Estado indemnizara a accionistas de una liquidación”.

Agregó que se debe cumplir la ley pero que “si la compañía está en condiciones de quiebra, no es tarea del Estado salvarla ni es responsable de la misma”.

Mac Master, quien compartió sus apreciaciones a través de su cuenta en Twitter, precisó que una liquidación o la quiebra de una empresa “no es sinónimo de una nacionalización”.

Dijo que la situación del sistema “no daba más espera”, ya que consumidores e industriales requieren de un sistema que sea “confiable”.

Sobre el proceso a seguir tras la liquidación de la compañía este martes por decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, dijo que el siguiente paso es dar solución estructural a las deficiencias en la prestación del servicio de energía en la Región.

Consideró “correcta” la decisión de Superservicios ya que “el Estado tiene deber constitucional de garantizar servicio”.

Aseguró que es una “gran responsabilidad la que viene ahora de lograr la mejor solución para los usuarios, confiable, competitiva, transparente. Ojalá el comportamiento de todas las partes sea ético y justo sin tratar de obtener ventajas”, dijo.

Comisión Europea

La Comisión Europea (CE) anunció que analiza con las autoridades españolas los pasos a seguir tras la decisión de Colombia de liquidar Electricaribe.

“Hemos sido informados sobre los más recientes acontecimientos. Permanecemos en contacto con el Gobierno español, evaluando la decisión de las autoridades colombianas y los posibles próximos pasos”, indicaron a Efe fuentes comunitarias.

La Unión Europea (UE) y Colombia tienen en vigor un tratado de libre comercio que es el marco fundamental para el intercambio de bienes y servicios entre el bloque comunitario y el país andino.

Tras la intervención de la multinacional, el presidente Juan Manuel Santos dijo que se había tomado una “decisión responsable” para que ni los usuarios ni las empresas de siete departamentos de la costa Atlántica “sufran por suministro de energía”.

El grupo español asegura que la liquidación es contrario “al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia”, a la vez que “impacta negativamente” en el clima requerido para que se produzcan flujos de inversión internacional hacia el país andino.

En noviembre pasado, Electricaribe y el Gobierno no llegaron a un acuerdo sobre fórmulas para capitalizar la empresa.

Acueductos del sur deben $5.000 millones

Acueductos de 7 municipios del sur del Atlántico continúan sin pagar el consumo de servicio de energía, cuya deuda total supera los 5.000 millones de pesos. Así lo señaló este jueves la empresa Electricaribe a través de un comunicado.

En el documento enviado a los medios evidenció que dentro de los acueductos que registran deudas más altas son el de Candelaria por $1.775 millones y el de Manatí que debe $1.115 millones.

Por su parte, el acueducto de Luruaco registra una deuda por $785 millones; el acueducto de Santa Lucía $575 millones; acueducto de Campo de la Cruz $406 millones; acueducto de Suan $228 millones, y por último, el acueducto de Repelón debe $122 millones por el servicio de energía.

“Seguiremos realizando la gestión de cobro con los gerentes y administradores de los acueductos y de igual forma hacemos un llamado a los alcaldes y a la Gobernación del Atlántico para que velen por el cumplimiento de las obligaciones de estas entidades”, aseguró Arnold Álvarez Rodríguez, gerente de Electricaribe en el sur del Atlántico.

Agregó que en el caso del acueducto de Repelón la empresa instauró una denuncia ante la Contraloría General de la República.

Vale precisar que estas entidades están constitucionalmente protegidas, por lo que a pesar de las deudas la empresa Electricaribe no puede suspender la prestación del servicio, por lo que cuentan con el mismo de manera permanente.

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