Gobierno pide hoy a la Corte figura temporal para matrimonio gay

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El Gobierno respalda las uniones maritales entre personas del mismo sexo, e incluso su derecho a adoptar, por lo que este jueves le pedirá a la Corte Constitucional que –mientras el Congreso les aprueba el matrimonio– establezca una figura transitoria que les permita unirse legalmente y con los mismos derechos de las parejas heterosexuales; incluso, que les reconozca el término ‘matrimonio’.

¿Esto en qué se traduce? Pues en que se establezca –según la petición que hará el Ejecutivo– un “contrato análogo al contrato de matrimonio civil vigente”, para que las parejas gais se puedan casar bajo el amparo del ordenamiento jurídico colombiano y se les reconozca un derecho por el que llevan años luchando.

La parte central de la discusión, que esta vez tendrá como escenario una audiencia pública de la Corte Constitucional, es que los homosexuales piden que se les reconozca explícitamente el derecho al matrimonio, ya que –y tras una sentencia de este mismo tribunal– actualmente pueden acudir ante los despachos para contraer una “unión solemne”.

El encargado de dar este mensaje de respaldo del Gobierno es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien radicó ante esta Corte un escrito que defiende el derecho a las uniones homosexuales y cuyo contenido completo fue conocido por El Tiempo.

“Pido a la honorable Corte Constitucional, con total respeto a su competencia y autonomía, declarar que, para superar el déficit de protección existente, las personas que conforman pareja del mismo sexo que deseen formalizar su unión, así como los jueces y notarios ante quienes se presenten, puedan acudir a un contrato análogo al contrato de matrimonio civil vigente en el derecho colombiano, con todos sus efectos, incluida su denominación”, asegura Cristo en el documento.

Esta figura, aclara el Ministro del Interior, sería aplicable mientras el Congreso legisla sobre el tema, tal y como lo ha conminado en varias oportunidades esta misma Corte.

El Gobierno argumenta que la protección constitucional de la familia, establecida en el artículo 42 de la Constitución –en el que se dice que “se constituye (…) por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”–, no es una prohibición absoluta para el matrimonio igualitario.

Si bien habría que modificar su contenido para cambiar el concepto constitucional de familia, lo planteado en la Carta Política –según el Ejecutivo– es una limitante que se puede cambiar sin detrimento de la protección de los derechos de quienes la conforman.

De hecho, el Gobierno recuerda que el artículo 13 de la misma Constitución es explícito en su referencia a la igualdad de “todas las personas”.

“El único límite que impone la regulación de las formas de matrimonio es que no puede suprimir, desconocer o prohibir el matrimonio entre hombre y mujer”, añade Cristo en su escrito.

Cabe recordar que el pasado 28 de junio, durante la marcha LGBTI que se realizó en diferentes ciudades del país, el Ministro del Interior emitió una comunicación pública destacando la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de avalar el matrimonio igualitario en los 50 estados. Dijo que es el momento de dar ese paso en Colombia.

“A la Corte le debemos un agradecimiento por las victorias jurídicas que le ha dado a la igualdad, (pero) se trata de una tarea todavía inconclusa y es necesario dar el paso para consagrar el matrimonio y la adopción igualitarios”, afirmó Cristo en ese momento.

La postura del Ministro del Interior no es aislada en el alto Gobierno. Si bien la Casa de Nariño ha sido cuidadosa en pronunciarse sobre este tema, también se conoció el escrito que el consejero de Derechos Humanos de Palacio, Guillermo Rivera, le envió a la Corte Constitucional para la audiencia.

Rivera dice en el documento que “la desprotección de las parejas del mismo sexo sin duda excede los márgenes admisibles y, por lo tanto, la labor de la Corte Constitucional debe ir más allá de señalarla o reconocerla”.

Es bajo esta premisa que el Consejero de Derechos Humanos, mientras el Congreso legisla sobre el tema, le pide a este alto tribunal que dé pasos concretos en el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo, como en su momento lo hizo a través de la sentencia C-577 de 2011, en la que quedó claro que una pareja homosexual constituye familia.

“El juez constitucional no puede quedarse pasivo ante la inactividad del legislador, en detrimento de los derechos fundamentales de un grupo poblacional”, precisa Rivera en su escrito.

Papel del Congreso

La audiencia pública de hoy, que preside el polémico magistrado Jorge Pretelt (quien ha manifestado posturas en contra del matrimonio igualitario), será clave para –entre otras cosas– que el Congreso escuche voces que desde hace varios años lo están conminando a pronunciarse de fondo sobre el tema.

El Legislativo ha intentado en por lo menos 4 ocasiones distintas discutir sobre el matrimonio igualitario, pero nunca ha logrado los votos necesarios. Esta semana habrá un nuevo intento.

El senador de ‘la U’ Armando Benedetti radicará un proyecto de ley que busca avalar el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, que, dadas las circunstancias, podría contar con el respaldo del Gobierno.

El congresista dijo que “aquí no se lucha por los derechos de los LGBTI, sino para que todos tengamos los mismos derechos ante la ley”. Y pidió apoyo para su iniciativa, dejando de lado “la carga religiosa”.

Colombia es un país que aún tiene muchas reservas con este tema, así lo demuestran las posturas de la Procuraduría, la Iglesia católica y los sondeos de opinión, pero el respaldo del Gobierno podría ser clave para dar un paso adelante en materia de derechos LGBTI y, como lo pide Cristo, por fin reconocerles la posibilidad del matrimonio.

Caso de pareja en Cali motivó la discusión

La audiencia de hoy, que incluirá las voces de cerca de 30 expertos nacionales e internacionales en asuntos legales y de género, se llevará a cabo dentro del proceso de revisión de una tutela que interpuso una pareja en Cali luego de que el notario ante quien quisieron formalizar su unión se negó a hacerlo bajo la figura del matrimonio civil.

Uno de los demandantes, Luis Felipe Rodríguez, interpuso una tutela ante el juzgado 11 civil municipal de Cali, que fue resuelta el 24 de julio del 2013 en contra de la notaria Sandra Patricia Tobar Pérez. En el fallo, argumentó que la notaria vulneró sus derechos al negarse a proceder con la figura del matrimonio civil en el momento de formalizar su unión con otro hombre.

La notaria argumentó “incompetencia constitucional” para efectuar dicho trámite.

Aunque el juez ordena a la notaria realizar el procedimiento, insiste en que el mismo debe tener la figura de “contrato” por lo que Rodríguez apela. El caso llegó a revisión de la Corte Constitucional y fue acumulado con otros procesos. Dentro del estudio de ese caso, el entonces director de Colombia Diversa, Mauricio Albarracín, y el director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, solicitaron el 5 de mayo realizar una audiencia pública para dar el debate académico sobre el reconocimiento del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.

Este jueves, la fundación Marido y Mujer señaló que este tema debe ser resuelto en el Congreso, como lo ordenó inicialmente la Corte, y no en ese alto tribunal.

Indicó, además, que tres partidos políticos han promovido llevar al Legislativo un proyecto en el que no se hable de matrimonio, sino de “contrato de convivencia”.

 

 

 

Fuente: Redacción El Tiempo

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