Juez decretó extinción de dominio de 21 inmuebles a 10 testaferros de Hernán Giraldo Serna, ‘El Patrón de la Sierra’

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Un total de 21 inmuebles ubicados en el Distrito  de Santa Marta, con valor calculado  en diez mil millones de pesos, que estaban en poder de testaferros  del exparamilitar Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón de la Sierra’, pasaron a disposición del Estado, como resultado de un extenso proceso de extinción de dominio, que se inició en el 2003, por la Fiscalía 23 de Bogotá.

La investigación la originó un informe de inteligencia militar, en que unidades del Ejército indagaron sobre los bienes de Giraldo, que presuntamente habían sido adquiridos con dineros del narcotráfico y la extorsión y, que se encontraban a nombres de familiares y de amigos de la organización AUC, que él comandaba.

Entre las propiedades que inicialmente fueron sometidas a medidas cautelares, dentro del proceso de extinción de dominio, se encontraban casas, apartamentos y lotes, como también altas sumas de dinero y las acciones de un reconocido supermercado de cadena de Santa Marta.

Esta investigación fue una labor extensa y dispendiosa, que se prolongó por espacio de 15 años, en que existió el riesgo de los investigadores enviados de Bogotá, quienes tuvieron que actuar con cautela ante el poder político y de las armas, que en ese tiempo ejercía en la región la organización criminal que comandaba Hernán Giraldo, ahora preso en una cárcel de Virginia, en Estados Unidos, por el envío de toneladas de cocaína a ese país.

Las autoridades evidenciaron el enriquecimiento ilícito de algunas personas que hacían parte del grupo armado que lideraba ‘El Patrón’ o ‘Taladro’, por lo que un total de 63 propiedades fueron sometidas a investigación con la intervención de peritos, que indagaron sobre los números de folios de matrícula inmobiliaria y registros de tradición.

Se reportó, de acuerdo con el informe de los investigadores y el posterior fallo del Juez Único de Extinción de Dominio, Ower Gerardo Quiñones Gaona, que 42 propiedades fueron declaradas improcedentes y, por lo tanto, devueltas a sus propietarios, al quedar demostrado que fueron adquiridas con dineros lícitos y no con recursos ilegales de Hernán Giraldo.

BIENES A PODER DEL ESTADO

Más adelante, estaremos entregando las propiedades de amigos y familiares de Hernán Giraldo, con los nombres de las personas y las razones sociales y su ubicación; como billares, parqueaderos, granjas avícolas, estaderos y Estaciones de Servicio, que ahora pasan a ser administrados por el Estado.

Se declaró por el juez la extinción del derecho de dominio de los inmuebles ubicados en la calle 8 número 6-28, barrio Pescaíto y el lote urbano perteneciente al conjunto residencial Villa Rosalía, en Santa Marta, propiedad  de Jesús Antonio Giraldo Serna, alias ‘El Mono’, extraditado el 20 de mayo de 2005, hermano de Hernán Giraldo.

También las propiedades relacionas a continuación; la de la calle 14 número 29-104 Casa 11 del conjunto residencial Jacqueline, en esta ciudad, propiedad  de Nodier Giraldo Giraldo, alias ‘El Cabezón’, sobrino de Hernán Giraldo y jefe de finanzas de la organización delictiva.

Los de la carrera 3 número 8-63; carrera 3 número 8-51, en Santa Marta y el lote rural con matrícula inmobiliaria 080-59978, propiedad de la señora Gloria Elena Mejía de Álvarez.

El establecimiento whisquería ‘Los Bambucos’; kiosko ‘Avenida del Mar’; ‘Parqueadero Manizales’ y Estación de Servicio Buenos Aires, ubicados en Santa Marta, propiedad de Ancízar Álvarez Duque.

Lote 8 Manzana C-17; lote 9 Manzana C-17 y lote 2 Manzana C-20, ubicados en Gaira. También los establecimientos Club Billar Manhattan y la librería cristiana ‘Río de Agua Viva’. Al igual que Inversiones Moreno García Limitada, todos propiedad de Hober Moreno Cardona.

Predio urbano en Santa Marta con matrícula inmobiliaria 080-74686, propiedad de José Prudencio Padilla Cabrales.

Los inmuebles con folio de matrícula 080-83099,  perteneciente a un predio urbano del lote 11B y predio urbano del lote 12 Manzana 7, ubicados en Santa Marta, propiedad de Arnulfo De Jesús Ruz Guzmán.

Lote de terreno con matrícula inmobiliaria 080-64949, ubicado en Bonda, propiedad de Felipe Santiago Bermúdez Bermejo

Establecimiento de comercio con matrículas mercantiles 24258 y 24259, de nombre Estadero Unión Magdalena, ubicado en esta ciudad, propiedad de Aurelio Álvarez Duque.

Granja Avícola Las Pachitas, en Santa Marta, propiedad de Jairo Antonio Musso Torres, alias ‘Pacho Musso’, otro capo de la Sierra, capturado en Venezuela. Y el predio rural La Isabel, ubicado en comprensión del corregimiento de Bonda, con folio de matrícula inmobiliaria 080-24740, propiedad de Juval Beltrán Luque.

Los dineros que logre el Estado a través de estas propiedades, pasarán al Fondo de Reparación de Víctimas, para ser utilizados en el pago de indemnizaciones de las personas afectadas en el Magdalena, por la organización criminal que comandó Hernán Giraldo Serna.

PROPIEDADES QUE REGRESAN A SUS DUEÑOS

De otra parte, se declaró la improcedencia extraordinaria de la acción de extinción de dominio de los siguientes inmuebles, que regresan a sus propietarios.

Inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 080-38310, propiedad de los señores Alberto Giraldo Giraldo, Amparo del Carmen Giraldo Giraldo, Sirley Milena Giraldo Pérez, Gladis Giraldo Contreras, María Estela Giraldo Giraldo, Daniel Eduardo Giraldo Contreras y Javier Antonio Giraldo González.

Seis inmuebles y el establecimiento de comercio Hotel y Restaurante Manizales, propiedad de Ancízar Álvarez Duque y seis inmuebles propiedad de la señora Gloria Elena Mejía.

Inmueble con folio de matrícula inmobiliaria número 080-41728, propiedad de José Ricardo Álvarez Mejía y cuatro inmuebles propiedad de Hober Moreno Cardona.

Inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 080-15055, de propiedad de Luz Nancy García Osorio y cinco inmuebles propiedad de Álvaro Antonio Padilla Redondo. Casa situada en la carrera 14 número 2-51, del barrio Pescaíto de Santa Marta, propiedad de Ruber Francisco Redondo Padilla,

Los inmuebles con folio de matrícula inmobiliaria 080-74261 de un predio rural y 080-31384 ubicado en la calle 15 húmero 8-01 de Santa Marta, así como la suma de 89 millones 221 mil pesos, que fueron consignados en el Banco Agrario por Inversiones Carvives, bienes de propiedad de Fernando Casalles Carrascal

Inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 080-5655, ubicado en la calle diagonal 33A número 7-59 de Santa Marta, propiedad de Javier Euclides Echeverría Echeverría.

Residencia ubicada en la Avenida Santa Rita número 17-26 propiedad de la señora María Ruth Peláez de Gallego. También los inmuebles identificados con folios de matrículas inmobiliarias 080-34597, 080-49483 y 080-49140, ubicados en Santa Marta. Igualmente, las acciones de José Manuel Ureña Suárez, de la  sociedad Rapimercar y el CDT número 6896-1705282 a nombre de ésta misma persona, por valor de 318 millones 202 mil 747 pesos.

El inmueble ubicado en la carrera 18A número 7-43 de Santa Marta, propiedad de José Luis Cabrera Pabón y el establecimiento ‘Son Caribeño’ y ‘Pasarella Bar Show’ propiedad de Ruber Alfonso Pereira Jaramillo.

MURIÓ ANTES QUE DEVOLVIERAN SU CASA

En este proceso la señora Ruth Peláez de Gallego, vivió un calvario, porque su casa en la Avenida Santa Rita número 17-26, fue sometida a embargo y secuestro, al ser relacionada como testaferro de Hernán Giraldo. Ella fue desalojada de su casa junto con sus dos hijos y le correspondió vivir en casas arrendadas pagando altos cánones.

La señora, junto con su abogado Alberto Ovalle Goenaga, demostró que nunca conoció a Hernán Giraldo y que los recursos adquiridos para la compra de la casa fueron lícitos.

Pero en los largos 15 años que duró el proceso, no logró seguir disfrutando de su vivienda, porque falleció, antes de conocer el fallo que le fue favorable,

“Fue una situación penosa, en el que resultó involucrado el único inmueble de propiedad de mi poderdante y es de resaltar que a través de la investigación no se pudo demostrar ninguna relación de causalidad o hilo conductor entre la adquisición del inmueble por la señora y el Comandante del Bloque Tayrona, a través de pruebas legales, tales como dictamen pericial, inspección judicial, pruebas documentales, testimoniales e indiciarias”, afirmó el apoderado.

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