“La corrupción es un delito que genera víctimas y ellas tienen derecho a ser indemnizadas”: Viceministro de Justicia

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El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa Palacios, asistió al taller de expertos del proyecto ‘El daño social en los actos de corrupción’, iniciativa de la cartera de Justicia orientada a fortalecer las herramientas con las que cuenta el país en la lucha contra la corrupción y a la mitigación de los daños que dicho  comportamiento causa en la sociedad.

Según el Viceministro, las evaluaciones nacionales y regionales de riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo han identificado a este fenómeno como una de las mayores amenazas para el país, ya que conlleva impactos negativos a nivel social y económico.

“Reconocemos a la corrupción como una gran problemática que ha sido abordada por el Estado a través de acciones diversas, como por ejemplo, reformas normativas que incrementan las penas y reducen beneficios”, dijo el alto funcionario, quien añadió que es necesario acudir a estrategias complementarias que vayan más allá de la pena de prisión para intervenir dicho fenómeno de manera acertada.

Este proyecto constituye una intervención con orientación restauradora en el marco de procesos penales por corrupción, el cual propone un enfoque que no se limita a la privación de la libertad, sino que toma en consideración los intereses de las víctimas colectivas y de la sociedad.

Espinosa Palacios afirmó que los escándalos de corrupción minan la confianza de la ciudadanía en las instituciones, opacan la cultura de la legalidad y afectan el crecimiento económico y la inversión extranjera legal. “A través de este proyecto buscamos  generar estrategias y medidas que aporten herramientas para la reparación integral del daño causado tanto a los recursos públicos como a la sociedad”, indicó.

El Viceministro culminó su intervención destacando los aportes del taller de expertos al proceso de investigación, pues la incidencia de dicho proceso en las intervenciones del Estado para reducir la corrupción dependerá del desarrollo de una propuesta coherente con la normatividad e institucionalidad existentes.

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