La dejación de armas de las Farc será un proceso reservado

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Como un día histórico para el país lo calificó el presidente Juan Manuel Santos. Y Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, máximo líder de las Farc, dijo que era un paso más hacia la paz. Lo cierto es que, bajo la mirada de 450 observadores de la ONU, comenzó ayer el proceso de dejación de armas de las Farc, que en esta primera fase incluye el almacenamiento gradual en contenedores de los fusiles y pistolas de los 322 miembros de la insurgencia que integran el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), así como la entrega de las armas artesanales o inestables y otros tipos de explosivos.

Por ahora, el procedimiento es reservado, aunque, según señaló el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, cuando ya se esté en la última fase de la dejación, “es posible que se haga una cosa más vistosa, porque yo creo que eso le conviene a todo el mundo: que los colombianos vean que esto realmente terminó, que las armas fueron entregadas”. Como se informó, el primer paso implica la identificación y el registro de todas las armas presentes en los campamentos de las Farc en las 26 zonas y puntos veredales. Y se dice que un grupo de guerrilleros, acompañados por verificadores de la ONU, saldrían también de éstas para destruir material pesado —municiones, minas o granadas— que se encuentra en caletas, en las selvas colombianas.

En las zonas de concentración, la expectativa se centraba en la llegada de los encargados de registrar las armas, mientras siguen los reclamos por los retrasos en la adecuación. “Damos este paso con toda la disposición y buen ánimo (…) nuestra preocupación primera son nuestras necesidades: las construcciones están atrasadas, los baños no terminados, ni el comedor ni la cocina”, manifestó Adriana Cabarrus, una guerrillera instalada en la zona veredal de San José de Oriente, cerca a Valledupar (Cesar). “Estoy dejando el fusil por la escoba”, señaló por su parte Maritza González, de 54 años y guerrillera desde los 14.
El reconocimiento de responsabilidad de esa guerrilla sobre el atentado en La Macarena, en Bogotá, ha desatado una crisis en la mesa de conversaciones de paz entre el Gobierno y esta guerrilla.

Veinte días han pasado desde que se instaló en Quito la mesa de diálogos entre el Gobierno y el Eln, y ya enfrenta su primera turbulencia. El reconocimiento de responsabilidad de esa guerrilla con el petardo que estalló el domingo 19 de febrero en el barrio La Macarena de Bogotá, y que dejó 26 heridos —entre ellos un miembro de la Policía que posteriormente falleció—, ha desatado la crispación de los ánimos en Ecuador y Colombia.

“El pasado 19 de febrero de 2017, a las 10:20 de la mañana, en los alrededores de la plaza de toros de Santamaría, en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, un comando guerrillero urbano del Eln atacó con explosivos a una patrulla policial del Esmad”, informó en una declaración el grupo insurgente, en el que además solicitó que se avance hacia la firma de un cese bilateral al fuego.

“Reiteramos al Gobierno Nacional la urgencia de un cese bilateral al fuego de manera inmediata, tal como lo solicitan diversas expresiones de la sociedad colombiana. No es coherente de parte del Gobierno sentarse a la mesa a hablar de paz, mientras dilata el cese bilateral y somete al padecimiento de la guerra a la población y a las partes que se enfrentan”, agrega el escrito.

Una petición que tuvo respuesta casi inmediata por parte del Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del Gobierno, quien rechazó la posibilidad de ceder a una tregua bilateral por cuenta de las acciones armadas del grupo guerrillero. “Si el Eln cree que con actos terroristas como el de La Macarena, cuya autoría ahora reconoce con cinismo, va a presionar un cese al fuego, está muy equivocado. El cese al fuego se alcanzará cuando el Eln comprenda que a éste se llega desescalando, no escalando el conflicto”, expresó el exministro.

Y es que el reconocimiento del atentado por parte de la insurgencia no puede llegar en un peor momento. Desde que se inició la fase pública de negociaciones, las partes se han dedicado a construir la metodología de funcionamiento del proceso, a la vez que se ha tratado de dar puntadas en la construcción de confianza para avanzar lo más rápido posible hacia el fin de la confrontación.

Incluso, El Espectador conoció hace unos días que desde la mesa de Quito se trabajaba en una campaña para ambientar el silenciamiento de los fusiles por parte de Gobierno e insurgencia. La prioridad era alcanzar un acuerdo de desescalamiento del conflicto armado para generar condiciones de confianza que dieran paso a la discusión de los otros temas de la agenda de negociación, pero con el atentado del domingo 19 de febrero, día de la última corrida de la temporada taurina en Bogotá, el ambiente en Ecuador empezó a enrarecerse.

Y las voces apocalípticas no se hicieron esperar. Por ejemplo, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe insistió en su tesis de que no se deben mantener los diálogos con la insurgencia, mientras ellos no renuncien a la violencia. Por eso escribió desde su cuenta en Twitter: “Mantener diálogo con el Eln sin suspender sus acciones criminales es burla a la ciudadanía víctima y al deber constitucional de seguridad”. A la voz de Uribe hicieron eco muchos de los miembros de su partido, el Centro Democrático.

De otro lado, existe un sector social de apoyo al proceso de paz con el Eln que continúa pidiendo cabeza fría para enfrentar una negociación que por naturaleza es compleja: “Escalar el conflicto sólo les sirve a quienes no creen o no quieren la solución negociada. Hay que perseverar en el apoyo a la mesa de Gobierno y Eln para que trabajen y puedan avanzar en acuerdos humanitarios. Es lo deseable. Esa es la ruta que nos puede llevar al cese bilateral al fuego y de hostilidades”, expresó Luis Eduardo Celis, investigador de la Fundación Paz y Reconcilación.

De alguna manera, este primer incidente obliga a retomar la experiencia del proceso de paz con las Farc de La Habana, donde durante los primeros dos años de negociación las acciones militares tenían un fuerte impacto sobre la mesa. Eso obligó a que la insurgencia diera muestras de voluntad política para decretar varios ceses unilaterales y hacer gestos de construcción de confianza como la liberación de soldados que caían en su poder durante los enfrentamientos.

Claro está que uno de los primeros gestos de las Farc, previo al anuncio de los diálogos formales, fue la proscripción del secuestro. Pero el Eln no es lo mismo y ha solicitado al Gobierno gestos recíprocos para avanzar en cualquier dirección. Ocurrió con la liberación del político chocoano Odín Sánchez, que implicó el nombramiento de dos gestores de paz y dos indultos a esa guerrilla.

Por eso, el Eln le está pasando la cuenta de cobro al Gobierno por su negativa de iniciar los diálogos con un cese bilateral. Con un mensaje adicional: sus acciones de guerra no serán sólo en zonas rurales de Colombia, sino que están en capacidad de atacar hasta en la capital de la República. Y eso lo dejó claro hace unas semanas en Bogotá.

“Planteamos al iniciar la urgencia de pactar un cese al fuego bilateral para crear un ambiente favorable al proceso de paz y aliviar la vida y las condiciones humanitarias que padecen los habitantes, sobre todo en las llamadas zonas de conflicto, o sea los territorios donde se asientan las fuerzas guerrilleras. El Gobierno rechazó tal planteamiento e impuso la condición de ‘dialogar en medio del conflicto’ argumentando que ‘un cese al fuego beneficia a la insurgencia y desmoraliza a las Fuerzas Armadas, quienes están ganando la guerra’”, expresó el Eln en su comunicado.

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