La reaparición en Washington de Natalia Springer

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El Fiscal General de la nación, Luis Eduardo Montealegre, aprovechó su gira por Washington para presentar este miércoles los resultados de la polémica investigación que el ente contrató con la empresa de la periodista e investigadora Natalia Springer.

Montealegre presentó los resultados durante reunión realizada en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano a la que asistieron representantes de ONG y un funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU.

Posteriormente en rueda de prensa convocada en la sede de la Embajada de Colombia ante la OEA, el Fiscal dio una rueda de prensa junto a Springer, que viajó desde Colombia para acompañar la presentación.

Los contratos de asesoría entre la Fiscalía y a la empresa de Springer, Springer Consulting, generaron una intensa polémica en el país dado su alto costo (4.000 millones de pesos) y cuestionamientos relacionados a sus calificaciones para realizar la investigación.

Montealegre ha reafirmado que la licitación de estos millonarios contratos fue hecha con los ajustes de ley y que el grupo encabezado por Natalia Springer “es uno altamente calificado con el que no cuenta la Fiscalía”.

De acuerdo con Montealegre, se trata del primer resultado que arroja el trabajo de Springer y que complementa las investigaciones que viene realizando la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (DINAC).

Según Montealegre el eje del trabajo fue una ¨macroinvestigación realizada sobre crímenes de guerra y lesa humanidad atribuidos al Ejército de Liberación (Eln) enmarcados en ataques cometidos contra la infraestructura petrolera desde los años 1986 y 2014¨ y en particular contra el oleoducto Caño Limón Coveñas.

En estos 28 años, dijo el Fiscal el ELN cometió 1.317 atentados contra el oleoducto que causaron el derrame de 151 millones de galones de petróleo – o la carga de 16.000 carro tanques- en ecosistemas de especial significado ambiental.

El informe sostiene, a su vez, que el costo económico del daño ambiental superaría los US$ 42 mil millones y menciona como muestras de tierra tomadas en el terreno indican que las zonas afectadas aún no se han recuperado en las casi 3 décadas que van desde que se comenzaron a documentar los ataques.

El Fiscal también explicó que por estos hechos se investiga a los cinco integrantes del Comando Central del ELN (Coce) por los delitos de homicidio, infracciones al derecho internacional humanitario, desplazamiento forzado, uso de armas no convencionales (siembra de minas), reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, secuestro, y violencia basada en género.

El Fiscal General de la nación, Luis Eduardo Montealegre, aprovechó su gira por Washington para presentar este miércoles los resultados de la polémica investigación que el ente contrató con la empresa de la periodista e investigadora Natalia Springer.

Montealegre presentó los resultados durante reunión realizada en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano a la que asistieron representantes de ONG y un funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU.

Posteriormente en rueda de prensa convocada en la sede de la Embajada de Colombia ante la OEA, el Fiscal dio una rueda de prensa junto a Springer, que viajó desde Colombia para acompañar la presentación.

Los contratos de asesoría entre la Fiscalía y a la empresa de Springer, Springer Consulting, generaron una intensa polémica en el país dado su alto costo (4.000 millones de pesos) y cuestionamientos relacionados a sus calificaciones para realizar la investigación.

Montealegre ha reafirmado que la licitación de estos millonarios contratos fue hecha con los ajustes de ley y que el grupo encabezado por Natalia Springer “es uno altamente calificado con el que no cuenta la Fiscalía”.

De acuerdo con Montealegre, se trata del primer resultado que arroja el trabajo de Springer y que complementa las investigaciones que viene realizando la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (DINAC).

Según Montealegre el eje del trabajo fue una ¨macroinvestigación realizada sobre crímenes de guerra y lesa humanidad atribuidos al Ejército de Liberación (Eln) enmarcados en ataques cometidos contra la infraestructura petrolera desde los años 1986 y 2014¨ y en particular contra el oleoducto Caño Limón Coveñas.

En estos 28 años, dijo el Fiscal el ELN cometió 1.317 atentados contra el oleoducto que causaron el derrame de 151 millones de galones de petróleo – o la carga de 16.000 carro tanques- en ecosistemas de especial significado ambiental.

El informe sostiene, a su vez, que el costo económico del daño ambiental superaría los US$ 42 mil millones y menciona como muestras de tierra tomadas en el terreno indican que las zonas afectadas aún no se han recuperado en las casi 3 décadas que van desde que se comenzaron a documentar los ataques.

El Fiscal también explicó que por estos hechos se investiga a los cinco integrantes del Comando Central del ELN (Coce) por los delitos de homicidio, infracciones al derecho internacional humanitario, desplazamiento forzado, uso de armas no convencionales (siembra de minas), reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, secuestro, y violencia basada en género.

¨Los ataques contra el oleoducto -afirmó Montealegre- se constituyen en la mayor catástrofe ambiental producida por derrame de petróleo en el mundo, seguida por la ocurrida en 1980 en la plataforma Ixtoc I, en el Golfo de México, bahía de Campeche, donde se produjo el derrame de 140 millones de galones de crudo¨.

Springer, durante la durante la rueda de prensa defendió el estudio afirmando que en el país no se había dimensionado el alcance de los ataques del ELN contra la infraestructura y que este es solo la primer de varias investigaciones en curso.

La Fiscalía, indicó el funcionario, está dedicada desde hace meses a recopilar las investigaciones que pesan contra el Eln y que ya suman 15.741 procesos contra sus integrantes: 4.894 por secuestros, 930 por reclutamientos ilícitos, 5.391 por homicidios, 2.989 por desplazamientos forzados, 87 casos por violencia basada en género y 1.450 infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH.

La idea, afirmó, es allanar el camino jurídico en caso que este grupo decida entrar en negociaciones de paz con el gobierno. De otra parte el Fiscal celebro como una gran noticia el posible cese del fuego bilateral a partir del 1 de enero.

Advirtió, eso si, que el Congreso deberá expedir una orden que faculte al presidente para suspender las órdenes de captura contra los miembros de las Farc si como consecuencia de ese cese al fuego la guerrilla comienza a concentrarse en ciertas regiones del país.

 

 

Por: El Tiempo

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