Las cinco entidades más propensas a las prácticas corruptas

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La falta de mayor capacidad para hacer públicas las políticas, procedimientos y decisiones de las entidades del Estado a nivel nacional, en especial lo relacionado con sus procesos de contratación, hace que sean propensas a que la corrupción las vulnere y su funcionamiento y resultados se vean seriamente afectados.

Por lo menos así quedó consignado en el Índice de Transparencia Nacional, periodo 2013-2014, cuyos resultados presentará esta mañana en Bogotá la organización Transparencia por Colombia, que dedicó el último año a medir los riesgos que tienen 85 entidades del Estado a ser golpeadas por este flagelo.

El listado lo encabezan la Cámara de Representantes, el Senado de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ejército Nacional y la Agencia de Contratación Pública, y solo la primera tiene un nivel alto de riesgo de corrupción, ya que las otras cuatro están en un nivel medio, pero que prende las alarmas.

El principal problema de la Rama Legislativa, que encabeza el top cinco de propensión a prácticas corruptas, es que los procesos de modernización no se han producido con celeridad y se realizan con métodos antiguos que han permitido a algunos de sus funcionarios violar la ley.

De la Judicatura se debe recordar que su eliminación es inminente con la reciente aprobación de la reforma sobre equilibrio de poderes, y su nivel alto de riesgo de corrupción confirma varios de los argumentos que se esgrimieron para dar este paso, en especial lo relacionado con la poca transparencia de sus actuaciones.

Un resultado que sorprende es el del Ejército, debido a que es una de las instituciones mejor posicionadas en los sondeos de opinión, pero que, de acuerdo con las mediciones de Transparencia por Colombia, tiene una alta posibilidad de ser golpeada por la defraudación.

En la Rama Judicial, de acuerdo con el documento, se presenta un riesgo preocupante –más allá de la Judicatura– en la Fiscalía y Medicina Legal, porque apenas logran superar los 60 puntos (entre más cerca de 100 hay menor riesgo de corrupción).

Los indicadores

Uno de los índices más preocupantes para Transparencia por Colombia, que se identificó en casi todas las 85 entidades analizadas, está relacionado con los proceso de contratación.

De hecho, con un cruce de información realizado a partir de datos suministrados por las mismas instituciones, se estableció que la contratación directa –que genera riesgos de corrupción latentes– es muy alta.

De 810 personas contratadas para cargos de nivel directivo entre el 2013 y el 2014 (periodo de este informe), tan solo 367 (45,3 por ciento) llegaron a esos puestos por méritos. Y de los 887 empleados que fueron contratados para cargos de asesor –en el mismo periodo–, solo 380 (42,8 por ciento) alcanzaron su puesto debido a sus méritos.

No obstante, Transparencia por Colombia no especifica en qué entidades se presenta mayor concentración de estos casos.

A esto se le debe sumar que los funcionarios tienen poca capacitación en varias de las actividades para las que son contratados, lo que aumenta las alertas de esta organización que vela por las buenas prácticas.

“Estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer los ejercicios de capacitación a funcionarios de diferentes niveles en temas como planificación, contratación, participación ciudadana, comportamiento ético, lucha contra la corrupción, talento humano y gestión financiera y administrativa”, asegura Transparencia por Colombia en su informe.

Otra de las falencias, pero en la que se ha venido mejorando, según esta organización, se relaciona con la falta de medidas anticorrupción y políticas de comportamiento ético, las cuales permiten potenciar la conciencia de los empleados públicos para luchar contra actividades ilegales.

“Se evidencia la atención que necesita la formulación e implementación de medidas y políticas de transparencia y anticorrupción como instrumentos de corto, mediano y largo plazos, para guiar acciones de prevención, mitigación, control y sanción de hechos de corrupción en las entidades nacionales”, advierte la organización.

También se les recomienda fortalecer los procedimientos de respuesta a las quejas de la gente. “Solo el 30,6 por ciento de las entidades evaluadas están en capacidad de facilitar de manera pronta y oportuna la respuesta al ciudadano”, señala Transparencia.

Añade que esto se debe a que varias entidades no entregan los documentos solicitados en un derecho de petición o no cumplen con el plazo legal que tienen para emitir su respuesta.

Eso sí, y de hecho Transparencia por Colombia lo destaca en su informe, las entidades analizadas han implementado códigos de ética o de buen gobierno que han permitido ir mejorando en sus indicadores.

De otro lado, las cinco entidades con menor riesgo son: la Supersociedades, el Ministerio de Defensa, la Auditoría General, la Superfinanciera y la Defensa Civil.

Una de las conclusiones que arroja este estudio, el cual cuenta con el apoyo –entre otros organismos– de la Unión Europea–, es que “los niveles de riesgo alto y muy alto de corrupción rondan a la Rama Legislativa y Judicial, mientras que la Rama Ejecutiva apenas pasa regular”.

 

 

 

Fuente: El Tiempo

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