Lasprilla y Rodríguez dicen no tener investigaciones por falsos positivos

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El general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, y el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, enviaron a la emisora BLU Radio certificados de la Fiscalía y la Procuraduría en donde afirman que no tienen investigaciones ni antecedentes en su contra.

Altos mandos del Ejército estuvieron implicados en ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” entre 2002 y 2008, según “amplias evidencias, hasta ahora inéditas”, recogidas en un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) difundido este miércoles.

El documento, que será presentado hoy en Bogotá, ofrece evidencias que, según la ONG, “sugieren de manera convincente que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de ‘falsos positivos’, e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión”.

“Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, en un comunicado.

“No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”, agrega.

Los falsos positivos son casos de civiles que fueron reclutados bajo la promesa de un empleo para luego ser asesinados y presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate por militares que buscaban obtener beneficios o ascensos.

El análisis de datos de la Fiscalía efectuado por HRW indica que los fiscales han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.

Evidencias del informe muestran que “comandantes de las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de ejecuciones -además de los entonces máximos mandos del Ejército- al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos y, por lo tanto, podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando”.

 

 
Fuente: EFE

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