Líderes sociales pasan la noche en sede de Mininterior para pedir al Gobierno que los escuche

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El paro agrario de 2013, célebre por aquella inoportuna frase del presidente Santos afirmando que “no existía”, derivó en la creación de la Mesa Única Nacional en la que los miembros de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular y el Gobierno discutirían los temas que dieron origen a esa histórica movilización. Hoy, dos años y diez meses después de que se expidió el decreto que ordenaba la creación de ese comité, los miembros de la Cumbre Agraria decidieron sesionar, pero por incumplimientos de la contaparte tuvieron que protestar por lo que, consideran, han sido faltas constantes a lo firmado en ese entonces. Por esa razón, decenas de representantes de campesinos, indígenas y negritudes llegaron hasta la sede del Ministerio del Interior en Bogotá, para pedir al Gobierno que atienda sus peticiones.

Pero, además, la Cumbre Agraria se declaró en sesión permanente para pedir al Gobierno acciones reales y eficaces para impedir que continúen los ataques y amenazas en contra de los líderes sociales, teniendo en cuenta que entre 2016 y lo que va de 2017 han sido asesinadas 104 personas que se dedicaban a guiar proyectos políticos o agrícolas en las regiones. Esto ha sido considerado por los representantes de Cumbre Agraria como un incumplimiento al Acuerdo de Paz firmado en noviembre por el Gobierno y las Farc, y temen que se sigan presentando ataques contra pueblos u organizaciones que se han puesto como meta aportar a la construcción de paz.

Durante varias horas, 65 personas –entre ellas 35 voceros de Cumbre Agraria- se congregaron a las afueras de la sede ministerial ubicada en el centro de Bogotá, solicitando la presencia de una delegación gubernamental encabezada por el presidente Santos y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en su calidad de coordinador de la Mesa Única, como quedó consignado en el pacto. También solicitan la presencia de los ministros de Agricultura, Hacienda y Minas, y del Procurador, el Defensor y el Fiscal.

Ninguno de ellos llegó. Únicamente Juan Pablo Pineda, viceministro de Agricultura, arribó al edificio, pero no pudo responder a todas las inquietudes que tienen las personas que están en el piso 11 del edificio. Incluso, los voceros afirman que el viceministro les afirmó que por ahora ninguno de ellos irá a dialogar, debido a que no hay garantías para ello. Por ahora solo cuentan con el acompañamiento de Naciones Unidas, que facilitó la mediación inicial entre las partes. Al no obtener ninguna de las respuestas que buscaban, los participantes del encuentro decidieron pernoctar en el lugar, pese a las amenazas que han recibido de ser desalojados.

Las sesiones, en principio, están programadas para los días 8, 9 y 10 de marzo, y se enfocarán en el tema de los ataques a los líderes sociales, pues acusan al Gobierno de demostrar indolencia ante las evidencias de asesinatos y amenazas, y de evitar mencionar tanto lo sistemático de los asesinatos, como los autores.

“Se ha negado a brindar una adecuada protección, tanto colectiva como individual a los líderes y lideresas pertenecientes a la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular. No existen medidas reales y tangibles de protección, tanto de carácter material acordes con el contexto territorial y particular de nuestras organizaciones como de carácter político en donde se individualice, sancione y en los casos que se requieran, combatan a los responsables de las violaciones de DD.HH. y así generar garantías de no repetición”, afirmó la organización sobre la actitud del Estado respecto a esta situación.

Por ahora, los campesinos, indígenas y afrodescendientes que llegaron hasta Bogotá se quedarán en la sede del Ministerio del Interior, y anunciaron una rueda de prensa para las 9:00 a.m. de este jueves, en la que solicitarán ante la opinión pública la defensa de la vida de todos los integrantes del movimiento, y la reunión con Santos y su gabinete para evaluar el cumplimiento de los acuerdos.

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