Medicina Legal alerta sobre 1.369 mujeres que podrían ser asesinadas

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El martes 12 de marzo del 2013, María Clara Rivas tuvo la certeza de que nunca podría escapar de la brutalidad de su esposo. Durante 25 años, soportó toda clase de atropellos, pero, como ella misma lo reconoció en una extensa carta dirigida a su padre, nunca se atrevió a pedir ayuda, denunciar a su agresor o abandonarlo para salvar su vida. Y la Policía, que recibió la denuncia del caso que hizo su mejor amiga, tampoco actuó.

Tras tres golpizas entre el 2008 y el 2011, que la dejaron casi ciega, María Clara le pidió a su esposo ese martes del 2013 que hablaran de su agresividad, y él le respondió con cinco puñaladas mortales.

Casos como este motivaron al director de Medicina Legal, Carlos Valdés Moreno, y a un grupo de especialistas a hacer un estudio de valoración de riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género que pasan por el instituto. “La idea era tener un panorama más claro de la situación de las víctimas de violencia de pareja para generar prevención, pero en el camino nos encontramos que muchas de las mujeres que llegaron a Medicina Legal a ser valoradas física y psicológicamente, después regresaron ¡muertas!”, denuncia el doctor Valdés.

Hace tres días se conoció el primer resultado del proyecto, que se inició en Medellín en el 2013 y que, además de ser reflejo de una preocupación de la sociedad colombiana, cuenta con elementos técnicos y científicos que determinan el riesgo. Así, en el 2014 fueron identificados 6.219 casos en los que el protocolo de riesgo, que identifica cuatro estados (bajo, moderado, grave y extremo), permitió establecer que el 22 por ciento de estas mujeres están, hoy, en peligro inminente de ser asesinadas.

Este porcentaje son 1.369 mujeres en todo el país, pero además hay otras 746 que están en riesgo grave.

Este llamado de urgencia del director de Medicina Legal y del grupo de trabajo que atiende los casos busca que las entidades encargadas, según la Ley 1257, cumplan lo que esta estípula: proteger y salvar la vida de las mujeres.

En lo corrido del 2015, la valoración de riesgo ha detectado 1.658 casos de víctimas que han pasado por Medicina Legal y cuya situación sigue en estado crítico. La Valoración del Riesgo de Violencia Mortal contra Mujeres es un modelo internacional que aplica una entrevista semiestructurada y un cuestionario o escala denominado DA (Danger Assessment).

Actualmente, el DA se ha aplicado en 11 ciudades del país y el resultado es que el mayor porcentaje de mujeres en riesgo extremo está en las ciudades de Popayán, Bogotá y Cartagena.

Cabe anotar que en el 2014 hubo un total de 41.802 casos de mujeres violentadas por su pareja, según el reciente informe Forensis.

La doctora Luisa Fernanda Alarcón, coordinadora del grupo nacional de psiquiatría de Medicina Legal, señala que esta valoración tiene un solo objetivo: que las mujeres que llegan a un examen legista no regresen muertas. “La valoración es acompañada por un médico, un psicólogo y un trabajador social, que evalúan, con parámetros técnicos, los factores de vulnerabilidad”, señala Alarcón.

Cifras no bajan

El doctor Valdés asegura que los profesionales de Medicina Legal entendieron que su trabajo no se puede limitar a la atención y diagnóstico, sino también a la prevención, y por eso implementaron un protocolo de atención a las víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas.

Además, las cifras indican que los casos van en aumento, teniendo en cuenta que en el 2013 se registraron 38.000 agresiones de pareja contra mujeres y en el 2014, más de 41.000.

En cuanto a los responsables, los agresores siguen siendo el compañero permanente, el excompañero permanente, el esposo y el exnovio, en ese orden. La motivación o justificación de la agresión, según el número de casos, es la intolerancia, celos, desconfianza e infidelidad. Y el lugar donde más se cometen los atropellos y crímenes sigue siendo la casa, seguida de la vía pública.

“No hay conciencia de la gravedad de los crímenes que genera la violencia contra las mujeres. Los casos son dramáticos y es necesario que cada entidad y persona cumpla con lo que corresponde para prevenir”, concluye Valdés.

Entre tanto, la familia de María Clara lamenta que su asesino no haya recibido una pena justa. Un juez consideró que ella, “con su intolerancia, no había hecho lo suficiente” para lograr salvar el matrimonio.

 

Fuente: Redacción El Tiempo

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