Nueve de cada diez asesinatos en Colombia quedan impunes

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En Colombia, solo en dos de cada diez casos de asesinato las autoridades logran llevar a algún responsable ante los jueces. Y en al menos la mitad de esos procesos los acusados terminarán de nuevo en las calles.

De esa magnitud es la escandalosa impunidad que rodea el homicidio en el país. A pesar de los impresionantes avances en seguridad en la última década –cuando se logró reducir el número de asesinatos a la mitad de los que ocurrieron en el 2002–, el sistema judicial sigue desbordado. Aún así, las precarias estadísticas de efectividad son incomparables con los niveles de hace apenas siete años, cuando las condenas se lograban apenas en tres de cada cien casos.

En el 2014, según las estadísticas de la Policía, hubo 6.812 capturas por homicidio. Pero buena parte de ellas tenía que ver con hechos ocurridos en años anteriores y, en todo caso, la cifra no representa ni la mitad de los casos reportados: fueron 13.343 (la cantidad más baja en casi 30 años).

La Fiscalía General acaba de realizar una cruda radiografía sobre los avances en las investigaciones por homicidio. Aunque el análisis demuestra que han venido aumentando las imputaciones y las condenas, reconocen que los resultados son insuficientes.

En 2008, según el documento conocido por EL TIEMPO, se llevaron ante jueces 2.597 casos de asesinato; el año pasado hubo 4.987 homicidios cuyos presuntos responsables enfrentaron cargos. En 2008, de nuevo, el porcentaje de condenados fue del 2,2 por ciento (del total de casos denunciados, no solo los imputados); el año pasado fue del 9,1 por ciento.

Ese informe será el punto de partida para poner en marcha una nueva estrategia que haga más efectivo el esclarecimiento de los homicidios en el país, que está muy por debajo de lo que pasa en otras regiones del mundo.

Según un análisis de la ONG Dejusticia, en países como Estados Unidos, Canadá y Holanda se castiga a los responsables de homicidio en porcentajes del 66, 75 y 50 por ciento, respectivamente.

El informe, publicado en 2014, señala que son pobres los esfuerzos en técnicas de investigación y recolección de evidencia forense, y que si el sospechoso no es identificado por un testigo las probabilidades de resolver el crimen caen a su nivel más bajo. Igualmente se evidenció una desarticulación entre las labores de recolección de la evidencia de los peritos y la valoración por parte de los investigadores.

El crítico diagnóstico lo comparte la Corporación Excelencia en la Justicia, que en varios balances sobre el Sistema Penal Acusatorio, vigente en el país hace una década, ha alertado sobre el alto número de casos de delitos de alto impacto que pasan a archivo por la causal de “imposibilidad de identificar el sujeto activo de la conducta sin que haya mediado un esfuerzo serio de investigación para el esclarecimiento de los hechos”.

Falta de recursos

¿Qué factores juegan en esta alarmante realidad? El exdirector de Medicina Legal y consultor en investigaciones penales Máximo Alberto Duque señala que en Colombia el nivel de homicidios es tan alto que desborda la capacidad de las autoridades para judicializar a los responsables.

“Aunque las cifras han bajado, siguen siendo muy altas frente a los promedios mundiales –dice–. Y si se comparan esos niveles de homicidio con el número de policías y fiscales destinados a la investigación de los crímenes, pues es claro que las autoridades no tienen músculo para enfrentar el fenómeno”.

Agrega que otras situaciones dificultan la acción de las autoridades: “Hay una falta de colaboración de la ciudadanía motivada por el miedo, y a eso hay que sumarle una tradición de violencia en la que la gente se mata por riñas y hasta por partidos de fútbol. Además, el delincuente le perdió el miedo a la autoridad y cualquier atracador termina asesinando a su víctima ante la certeza de que difícilmente va a ser castigado”.

El exvicefiscal Wilson Martínez señala que aunque los presupuestos han aumentado, sigue existiendo una falta de recursos para los equipos de criminalística. Así, cuenta que hay situaciones tan absurdas como que el giro de la plata para renovar las licencias de software que permiten rastrear la traza de una bala disparada se demora semanas y meses.

Martínez dice que buena parte del aparato estatal se enfoca en la investigación de los crímenes relacionados con el conflicto armado y la gran delincuencia, y que por eso los casos que afectan a los ciudadanos del común pueden pasar a un segundo plano, incluso tratándose de homicidios.

“Para que un equipo llegue a hacer el levantamiento a una escena puede tardar horas, y eso ya hace que la investigación arranque mal porque ya se han perdido evidencias e incluso testigos de los hechos”, dice el hombre que fue el segundo al mando en la Fiscalía en el 2012.

En el mismo sentido, dice Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia, “las huellas de la investigación solo quedan recién cometido el delito, luego se van borrando y después retomar esas investigaciones es muy difícil”.

Todas estas razones inciden para que casos como el del agente de la DEA James ‘Terry’ Watson, asesinado en un ‘paseo millonario’ hace dos años y cuyos verdugos fueron plenamente identificados apenas 96 horas después, sean exóticos.

Por cada historia como la de Watson hay cien como la de Nixon Roque Trujillo, asesinado por ‘fleteros’ en marzo del año pasado en el barrio Venecia, sur de Bogotá. A pesar de que el crimen quedó grabado en cámaras de seguridad y de que hubo testigos, en los sistemas de la Fiscalía el caso aparece “en averiguación”, esto es, sin ningún responsable identificado.

Así se investigan

Este es el procedimiento usual que se sigue en un caso de homicidio.

1. La Policía de vigilancia confirma, por el llamado de la comunidad o por patrullaje, que ocurrió un homicidio y da aviso a la Policía Judicial, que abre una ‘noticia criminal’ sobre el caso.

2. Tras una inspección ocular, se realiza un primer acordonamiento alrededor de las evidencias. El cuerpo de la víctima es la evidencia n.° 1. El acordonamiento se hace midiendo la distancia entre la primera y la última evidencia. Si es 10 metros, se acordona 5 metros más allá (50 por ciento) de la última evidencia, que puede ser, por ejemplo, un casco de bala. El segundo acordonamiento se hace con el 25 por ciento de la distancia.

3. Para ese momento, ya debe estar en camino la Policía Judicial, una comisión de criminalística que realiza los ‘actos urgentes’ en la investigación. Esto es, hallazgo y recolección de evidencias. Las físicas alrededor del cuerpo son marcadas con números. También recauda videos y testimonios de testigos y realiza un plano topográfico, clave para determinar la trayectoria de los disparos o posición del agresor.

4. El cuerpo es llevado a Medicina Legal y la comisión que recauda las evidencias las mantiene en cadena de custodia.

5. El ritmo de la investigación depende muchas veces del número de pruebas en el caso. Los más probables de ser resueltos suelen ser priorizados. También los de alto impacto mediático y social.

Miles de familias están aún a la espera de la justicia

En medio de un asalto, Miguel Antonio Cortés Granados, un técnico farmacéutico, murió tras sufrir dos heridas de bala.

Su muerte ocurrió el 23 de febrero del 2014, a las 9 de la noche.

Cortés Granados se hallaba en la droguería de su propiedad, ubicada en la calle 167 con carrera 46, del sector de Mazurén, en el norte de Bogotá. Dos hombres armados irrumpieron en el lugar, donde estaban la víctima en compañía de su novia y un empleado.

Los asaltantes, sin dejar de apuntar, exigieron que abriera la caja fuerte. Cortés se negó a hacerlo y le hicieron los dos disparos. Fue llevado a un centro clínico cercano, en donde falleció por la gravedad de las heridas.

A pesar de que existe un video del momento del asalto, los responsables siguen en libertad y la investigación no ha avanzado.

Es otro de los casos de violencia mortal que siguen en la impunidad.

Un drama similar lo vive la familia de Schneider Yucumá Tobar, un conductor nacido en Villa Vieja (Huila). Lo asesinaron el pasado 12 de junio, en la carrera 122A con calle 18, del barrio San Pablo, en Fontibón, al occidente de Bogotá. La víctima alcanzó a decirle a una vecina y a los policías que le llevaban a un centro asistencial, tras sufrir una herida de puñal en su pecho, que lo habían atacado dos hombres porque intentó evitar que le robaran un bolso tipo canguro, en donde traía sus pertenencias y el uniforme de trabajo. El conductor llegó sin vida al Hospital de Fontibón, en donde los médicos no pudieron hacer nada por salvarlo.

Otro de los recientes homicidios en los que a pesar de haber testimonios y hasta retratos hablados no hay personas capturadas, fue el ocurrido el 28 de junio de este año, a las 6:30 de la tarde en el sector de Ciudad Bolívar.

La víctima fue Anderson Beltrán Sánchez, un lavador de carros. Su deceso se produjo cuando recibía atención médica en el Hospital de Meissen, tras sufrir tres heridas de arma de fuego en el pecho. Este hombre fue atacado a la entrada de su lugar de residencia. Familiares de Beltrán Sánchez les dijeron a las autoridades que los asesinos tocaron a su puerta y cuando salió a atenderlos fue baleado.

Como esos se cuentan por miles los colombianos que esperan que se aclaren los homicidios de sus seres queridos y se judicialice a los responsables de esos crímenes.

 

 

 

 

Fuente: Redacción El Tiempo

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