Odebrecht pagó a campañas de Santos y Zuluaga: Fiscal

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En declaración desde el búnker, el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló ayer que “apartir de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, la Fiscalía cuenta hoy con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de Odebrecht, en beneficio de las campañas presidenciales del 2014”.

Según el jefe del ente de control penal, estas anomalías “fueron concretadas mediante pagos llevados a cabo desde Brasil, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasilera”.

Con respecto a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el fiscal informó que la constructora brasilera “sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga y el publicista Duda Mendonca”.

Agregó que esta reunión fue celebrada a mediados de febrero del 2014 en Sao Paulo y coordinada por Marcio Polidoro, director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina.

“Odebrecht asumió un pago a favor del publicista Duda Mendonca, del orden de USD $1,6 millones de dólares, correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña ‘Mano Firme, Corazón Grande’ del candidato Zuluaga. Dicho pago se llevó a cabo por la firma brasilera, según la acreditaciones obrantes, en dos instalamentos, a favor de la empresa off shore Topsail Holding”.

De otro lado, sobre la campaña del presidente Juan Manuel Santos, reportó Martínez que “también se ha podido verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho Bbdo, por la suma de 1 millón de dólares, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país”.

Añadió el titular del organismo de investigación que “esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos, en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares, por circunstancias que los funcionarios brasileros estimaban no eran imputables a su compañía”.

Finalmente, aseguró que las investigaciones permiten afirmar razonadamente que esta información coincide con la documentación que reposa en las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de Brasil contra Odebrecht y sus directivos, a nivel mundial, y que serán dadas a conocer al público el próximo 1º. de junio.

A ese caso se suma una denuncia que hizo el exsenador Otto Bula, detenido por los sobornos de Odebrecht, que en una declaración ante la Fiscalía explicó que de los 4,6 millones de dólares que recibió como coimas, un millón de dólares tenía como destino a Roberto Prieto, gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014.

En la lupa: Corfi-colombiana

La Fiscalía dispuso la práctica de nuevas pruebas para determinar la posible responsabilidad del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, en el caso Odebrecht.

Melo, vinculado al proceso desde el pasado 30 de enero cuando rindió interrogatorio, de acuerdo a un documento revelado por la periodista María Jimena Duzan en su columna de la revista Semana, habría sido cómplice de los sobornos de la constructora brasilera en el contrato de la Ruta del Sol II.

Así mismo, el ente acusador indicó que sólo un juez de la República podrá definir quién es víctima en la investigación que se adelanta por el caso Odebrecht, luego de que Corficolombiana manifestara su intención de declararse víctima en este proceso.

Ghisays, nuevo imputado

La Fiscalía imputó ayer al empresario cartagenero Enrique Ghisays, amigo del detenido exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares por el caso Odebrecht.

El economista aceptó los delitos y es el cuarto detenido por los sobornos de la brasilera, luego de García, el exsenador cordobés Otto Bula y el empresario Andrés Cardona. Según el ente acusador, los hermanos Enrique y Eduardo Ghysays serían los accionistas de la empresa panameña ‘Lurion Trading Inc’, a la que Odebrecht giró los US$6,5 millones. La compañía fue constituida para ese único fin en 2010, tras adjudicación de la Ruta del Sol II en 2009.

“El presidente de Odebrecht Colombia, Luiz Bueno, se reunió el 26 de octubre de 2009 en un apartamento con García Morales. Allí García solicitó el dinero para intervenir en adjudicación del contrato”, describió la Fiscalía.

Llaman a declarar a director del Fondo de Adaptación por APP del río Magdalena

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que llamaron a declaración al director del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, “para que informe la relación que tendría con las circunstancias que rodearon la adjudicación del contrato de la APP del Río a Navelena -en la que el socio mayoritario es Odebrecht- y la concepción de un otrosí al mismo, promovido por el Fondo de Adaptación, relacionado con la Exclusa del Canal del Dique”.

Además, informó que las pesquisas por la adjudicación de este contrato se llevan a cabo mediante un equipo de investigadores de nacionalidades colombiana y ecuatoriana, por virtud de acuerdo suscrito el 22 de febrero de 2017 entre ambas fiscalías.

Indicó Martínez que “la hipótesis investigativa relaciona la adjudicación de este contrato a Navelena, con la adjudicación del contrato del metro de Quito”.

Agregó que la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio servirán como peritos forenses respecto de información proveniente de Ecuador que reposa en computadores incautados y que darían cuenta de hechos que conciernen a esta investigación.

Los equipos investigadores de Colombia y Ecuador tienen previsto una nueva reunión en la semana del 20 de marzo.

De otro lado, con respecto al préstamo de 120 mil millones de pesos del Banco Agrario a Odebrecht, a través del consorcio Navelena, dijo que el proceso se inició a propósito de la denuncia penal interpuesta por el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, “por las modificaciones realizadas a las condiciones previas al desembolso del crédito otorgado, condiciones que habían sido fijadas por la Junta Directiva del banco”.

Precisó que la imputación prevista para el próximo 15 de marzo contra Alejandro Jiménez, su vicepresidente comercial para la época, como posible autor del delito de falsedad ideológica en documento público, “se fundamenta en la circunstancia de que certificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Junta Directiva, con el fin de viabilizar el desembolso del crédito a favor de Navelena, a pesar de que el contrato de fiducia que habría de servir de garantía no fue previamente modificado”.

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