¿Qué retos enfrentará el nuevo ministro de Defensa?

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KienyKe 

La primera semana de Iván Duque como Presidente de la República ha estado marcada por visitas a diferentes zonas del país y trabajos para escuchar a la comunidades en el territorio nacional. En esta primera gira, Duque ha hecho consejos de Seguridad acompañado del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien en cada recorrido hace frente a los desafíos que tendrá desde esta cartera.

La coyuntura actual permite vislumbrar que la agenda de Botero estará marcada por temas relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos, que él mismo anunció ante un medio nacional que ya no será voluntaria sino obligatoria; las preocupantes cifras de asesinatos a líderes sociales y el compromiso que debe adquirir el Estado para garantizar su protección; y por último, pero no menos importante, el futuro de las negociaciones de paz con el grupo armado del ELN.

Al respecto, KienyKe.com conversó con Erich Saumeth, analista e investigador colombiano en asuntos de defensa y seguridad, y con el General (r) Jairo Delgado, especialista en ciencia política y experto en postconflicto, quienes expresaron sus ideas sobre estos importantes desafíos.

¿Cómo enfrentar la problemática de cultivos ilícitos en el país?

Para responder a este interrogante, Saumeth presentó antes una crítica del modelo de sustitución voluntaria que dejó en firme el expresidente Juan Manuel Santos, según lo estipulado en los Acuerdos de Paz; para el analista esta forma de erradicación no funciona según lo esperado y por el contrario trajo consecuencias negativas en diferentes regiones del país.

“A pesar de las declaraciones de la saliente administración, en el sentido de haber vinculado a cerca de 123.000 familias para el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (Pnis) y de haber logrado la erradicación de 38.000 hectáreas, la realidad es que la administración del expresidente Santos, no tuvo la capacidad de implementar –y desarrollar- una política coherente en materia de erradicación, tanto voluntaria como forzada”, indicó.

El experto señaló tres puntos claves que explicarían el desacierto del gobierno de Santos en términos de cultivos ilícitos, siendo este una de las principales críticas que recibió durante los últimos días de su gestión.

El acelerado crecimiento del área cultivada de hoja de coca se habría visto motivado, “primero por la inexcusable suspensión de la aspersión, que tuvo como consecuencia el aumento del tamaño promedio de los cultivos a más de diez hectáreas por propiedad.

Segundo, por los incentivos económicos para la erradicación voluntaria, que tuvo un efecto contrario al generar aumentos en la siembra para obtener mayores beneficios.

Tercero por que las repuestas que esa administración formuló no fueron coordinadas, ni integraron seguridad y desarrollo rural sostenible, aún a pesar de los considerables presupuestos que se destinaron para tales efectos, ni los que se destinaron para el desarrollo de la demasiado extensa etapa de postconflicto”.

Por su parte, el General (r) Jairo Delgado coincidió con Saumeth al señalar que el crecimiento del narcotráfico ha sido el combustible económico de los grupos al margen de la ley, que les ha permitido fortalecer su accionar criminal.

“La erradicación voluntaria no ha producido metas de autorregulación en las comunidades vinculadas con los cultivos y por eso habrá que avanzar en la erradicación forzosa”. Señaló que “es una necesidad porque la violencia, que ha escalado progresivamente en los últimos años a pesar de los Acuerdos de Paz, gira alrededor del narcotrafico”.

Líderes sociales

Sobre el asesinado a líderes sociales y defensores de DD.HH. en Colombia no hay una cifra única. El Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales manejan datos diferentes pero coinciden en que en los últimos años, y pese al desarme de las Farc, los números van al alza. La cifra más alta la tiene la Defensoría del Pueblo que asegura que entre 2016 y junio de 2018, han sido asesinados 311 líderes.

Frente a esto, Saumeth afirmó que las medidas del Estado deben ser garantes plenas de la vida de quienes se dedican a trabajar en comunidades vulnerables o zonas del país que merecen una representación especial

“No puede ser nada diferente a la protección absoluta de la integridad de quien está amenazado, a través de las herramientas ya diseñadas para ello y de la acción de las diferentes agencias del Estado”.

Pero señaló además que esto no es suficiente si no se enfrenta a las organizaciones delictivas que amenazan la vida de estas personas. “El combate de todas aquellas organizaciones dedicadas al crimen, para su sometimiento o su extinción, pues mientras las mismas sigan delinquiendo y afectando a comunidades y ciudadanía, los lideres o voceros seguirán en una situación de vulnerabilidad”.

Para el General (r) se debe generar un modelo de gobernabilidad desde las regiones que refleje la capacidad institucional para concentrar y potencializar la investigación judicial y la prevención en los departamentos que presentan un número superior de asesinatos.

“Se deben hacer unos planes locales de seguridad y de investigación. Hay que trasladarse a los recursos de cada zona, la fuerza pública y los cuerpos de investigación para identificar realmente qué es lo que está sucediendo y atacar el problema”.

¿Qué pasará con el ELN?

Los hechos de la última semana revelan que sin duda los diálogos de paz con ELN son uno de los retos en la agenda del ministro de Defensa Guillermo Botero. Sobre esto, el General (r) Jairo Delgado, especialista en postconflicto, indicó que todo dependerá del estudio que el gobierno haga dentro del plazo establecido.

“Hay un plazo de 30 días que es lo que el gobierno dispuso para la evaluación, y lo que estamos viendo es el tradicional comportamiento de un movimiento insurgente, que es demostrar fortalecimiento en su frente armado para mantener la posición fuerte en la negociación, y así lo demuestran con los secuestros y acciones violentas que hemos visto en los últimos días”.

Agregó que si el gobierno continúa en la mesa, el ELN deberá decidir sobre el cese de actividades violentas. “Obviamente al terminar la evaluación empezará una segunda fase que es si el ELN va a aceptar un cese al fuego unilateral, que es otra nueva característica que ha dispuesto este gobierno”.

Según el General (r), en este punto el gobierno debe avanzar en un enfoque de control del ELN y sus actividades armadas. Consideró además que esto va a generar una confrontación, donde la correlación de fuerzas va a estar nuevamente en juego: “El ELN va a presionar para mantener su posición y para demostrar que aún tiene capacidades que le permiten enfrentarse al Estado”.

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