Sandra Morelli, ante sus jueces

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Por primera vez desde su regreso de Italia, la excontralora Sandra Morelli estuvo ante sus jueces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pasaron casi siete meses entre la imputación de cargos y la lectura del escrito de acusación en su contra por parte de la Fiscalía, que la investiga por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de una nueva sede para la Contraloría en el centro comercial Gran Estación, en el occidente de Bogotá.

Pero ayer, después de pasar meses por fuera de Colombia y varios rifirrafes con el fiscal, Eduardo Montealegre, que incluyeron recursos judiciales de parte y parte, Morelli asistió al Palacio de Justicia a escuchar, de boca del fiscal delegado Carlos Iván Mejía, las acusaciones del ente investigador.

Mejía, quien no terminó de leer su escrito de acusación debido a que la audiencia fue suspendida hasta hoy a las 10 de la mañana, se refirió específicamente a las razones por las que la Fiscalía considera que Morelli es culpable del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Para la entidad, Morelli actuó de forma caprichosa e indolente, “infringió de manera consciente y voluntaria la ley penal en el trámite de tales negocios”.

El ente investigador le reclama a Morelli que haya firmado un contrato de arrendamiento con la firma Proyectos y Desarrollos 1 para disponer de una sede en el occidente de la capital por $2.700 millones, sin tener soportes suficientes de que la Contraloría debía trasladarse de las instalaciones que ocupaba en el centro de la ciudad y de que la oferta de esa firma fuera la mejor. En concreto, sin contar con estudios previos ni de precios que justificaran el traslado. Durante la etapa precontractual hubo, según Mejía, una evidente manipulación y distorsión por parte de la excontralora.

Para la Fiscalía, Morelli se propuso trasladar “a como diera lugar” la Contraloría de los edificios Colseguros y Cardenal Crisanto Luque, ubicados en el centro de la capital, al centro comercial Gran Estación, y lo hizo por medio de una “oscura operación administrativa”, marcada por una “total indolencia por las consecuencias presupuestales”.

Pese a que el Ministerio de Hacienda dijo que la propuesta de Morelli era “irracional”, ella firmó el mencionado contrato, con el agravante de que se gastó, en virtud del traslado, los dineros con los que la Contraloría contaba producto de vigencias futuras. Puntualmente, se desembolsaron $30.000 millones en 2013 y $18.000 millones en 2014.

Eso sin contar que, en el mencionado contrato, la Contraloría suscribió una serie de cláusulas que, según la Fiscalía, eran injustas, “una detestable inequidad”. Por ejemplo, que si esta entidad acababa con el contrato antes de 10 años, estaba obligada a llevarse todos los bienes de las instalaciones, incluyendo los baños. Igualmente se la obligaba a adquirir varias pólizas que, según la ley, deben ser pagadas por el arrendador y no por el arrendatario.

Fueron estas cláusulas, de hecho, las que llevaron al sucesor de Morelli, Edgardo Maya Villazón, a finalizar el contrato y buscar una nueva sede para la Contraloría, con el consiguiente desplazamiento de miles de funcionarios que estuvieron por un tiempo como andariegos por la capital.

Morelli no quiso pronunciarse ni antes ni después de la audiencia, que continúa hoy, con la lectura de los argumentos por los que el ente investigador considera a la excontralora responsable del delito de peculado por apropiación a favor de terceros. El proceso continúa. Pero ahora con la Contraloría en otro lado, con Morelli en Colombia y con el fiscal últimamente separado de los micrófonos.

 

Por: El Espectador

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